La expresidenta argentina (2007-2015) Cristina Fernández acusó ayer de persecución política al gobierno de Mauricio Macri, luego de que varias de sus propiedades en la Patagonia fueron allanadas y de que un tribunal federal ordenara que sea investigada en el caso por lavado de dinero, que involucra a Lázaro Báez, un empresario que fue beneficiado con millonarios contratos de obras públicas en los gobiernos kirchneristas.
“Hacía tiempo –décadas diría– que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció Fernández a través de Twitter. “Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última ‘excursión de pesca’; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha”.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío, el mismo que procesó a Fernández en una causa por operaciones de “dólar futuro”, llevadas adelante por el Banco Central durante su gestión. Las propiedades pertenecen a una sociedad comercial conocida como Los Sauces, cuya cabeza es la expresidenta. El magistrado busca documentación para probar el presunto lavado de activos.
Dirigentes de la actual coalición de gobierno aseguran que existe una conexión de la causa Báez con la de Los Sauces y los hoteles propiedad del matrimonio presidencial, ya que sospechan que parte del dinero que obtenía Báez retornaba a los Kirchner a través del pago de alquileres en ese complejo de apartamentos y de habitaciones que no se ocupaban en los hoteles.
Según Fernández, se trata de una maniobra de jueces y medios de comunicación para “meterme presa y tapar los efectos de un plan económico que solo distribuye pobreza (...)”.