El exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes negó información pública. Así lo concluyó la Corte Suprema de Justicia, que concedió un habeas data a este diario.
La Prensa le solicitó a García de Paredes en julio de 2015, con base en la ley de Transparencia, documentación referente a las empresas que participaron en la venta de la finca universitaria de 54 hectáreas en Río Hato, acuerdos universitarios sobre la venta y alquiler de terrenos, lista detallada de las fincas que son propiedad de la UP, así como de las que fueron vendidas, alquiladas o permutadas.
“La información suministrada, en primer lugar, se ofrece fuera del término legal, y por otro lado se hace de manera inexacta”, indica la resolución de la Corte, del 20 de octubre pasado.
Una investigación periodística sobre este asunto reveló que los terrenos universitarios fueron alquilados y vendidos de manera irregular, sin los respectivos avalúos ni actos públicos.
En este sentido, la Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público (MP) tres auditorías –el 16 de julio de 2016– sobre los arrendamientos de terrenos universitarios, en las que expuso que los contratos se negociaron en situaciones desventajosas a la UP, pidió su revisión y mencionó como posible responsable a García de Paredes, así como a dos de sus asesores legales.
Estos informes, junto con otras cuatro denuncias que reposan en el MP contra el exrector, deberán ser enviados a una fiscalía anticorrupción de descarga o a la esfera de circuito, puesto que, como García de Paredes ya no es funcionario con mando y jurisdicción nacional, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ya no es competente para conocerlas.
El rector Eduardo Flores indicó que están en disposición de entregar información “sin ningún problema”, que aún esperan que el MP les solicite información pertinente a la investigación por los terrenos universitarios y añadió que requieren argumentos legales para revisar esos contratos de alquileres.