El exviceministro de Comercio Interior Luis Eduardo Camacho González se acogió al artículo 25 de la Constitución, para no declarar en la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la operación de un centro de llamadas supuestamente financiado con fondos del Estado y en el que se hacían labores de campaña política a favor de Cambio Democrático (CD).
El artículo 25 de la Constitución dice: “Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La semana pasada, la defensa de Camacho presentó un incidente de controversia contra la orden de indagatoria. El exviceministro fue acusado por la supuesta comisión del delito de peculado.
“El incidente de controversia es un recurso que contempla nuestra legislación para que la persona lo interponga en caso tal [de] que considere que los elementos vertidos para hacer la indagatoria no son suficientes para ordenar la misma”, manifestó Camacho.
Indicó que una vez que el incidente de controversia sea resuelto, “me presentaré para rendir mis descargos en la condición que sea, porque desde el día uno he venido para hacerle frente a los señalamientos”.
Agregó que no se le señala por haberse llevado ningún solo centavo de las arcas del Estado, “sino por un documento que no aparece en el expediente”, y del cual no quiso dar detalles.
Giancarlo Terán, la persona que denunció en los medios de comunicación las operaciones del centro de llamadas que operaba en el edificio H2O de la avenida Balboa, rindió declaración indagatoria el pasado 12 de septiembre, al igual que una funcionaria de recursos humanos del ministerio, cuyo nombre no fue revelado.
La investigación fue abierta de oficio por la fiscalía el pasado mes de mayo.