COIMAS Y SOBRECOSTOS

FCC, imputada en España; investigada en Panamá

FCC, imputada en España; investigada en Panamá
Roberto Roy, presidente del Metro de Panamá, a su izquierda el expresidente Ricardo Martinelli y a su de

La Audiencia Nacional de España ha imputado cargos a empresas subsidiarias de la española FCC por la presunta comisión delitos de corrupción en transacciones internacionales que involucran proyectos desarrollados en Panamá.

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Pero la compañía también es investigada en Panamá por el Ministerio Público, en un proceso en el que 14 personas han sido imputadas por la presunta comisión de diversos delitos: peculado, corrupción y lavado de activos. Las investigaciones abarcan unos 5 proyectos, entre ellos, el reordenamiento vial en Vía Brasil, el ensanche de la avenida Domingo Díaz y la renovación del Patrimonio Histórico, en el Casco Antiguo.

En España se han identificado supuestos pagos de sobornos que sobrepasan los $90 millones –que incluyen las obras del Metro y la Ciudad de la Salud–, mientras que en Panamá, en solo uno de los cinco proyectos investigados, se han detectado sobrecostos que sobrepasan los $40 millones, sin incluir las coimas por su adjudicación. 

Martinelli, mencionado en el caso FCC en España

A la par que en España avanzan las investigaciones por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales, atribuidos a empresas subsidiarias de la española FCC, en Panamá ocurre otro tanto desde hace más de dos años, que ha dado como resultado la imputación de cargos a 14 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado.

FCC, imputada en España; investigada en Panamá
Roberto Roy, presidente del Metro de Panamá, a su izquierda el expresidente Ricardo Martinelli y a su de

Ayer se conoció que la Audiencia Nacional de España imputó a tres personas jurídicas –FCC Construcción, S.A., FCC Construcción Centroamérica, S.A., y Construcciones Hospitalarias, S.A., subsidiarias de FCC– por el pago de 82 millones de euros (91 millones de dólares al cambio actual) en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas en Panamá.

Martinelli, implicado

El auto de imputación de España indica que la persona responsable de Asesoría Jurídica de FCC Co. afirmó ante una fiscalía el pasado 3 de julio “que los documentos que adjuntaba a la denuncia habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort como testaferro de [Ricardo] Martinelli, expresidente de Panamá para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá...”.

[Lea aquí el auto del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional de España].

Cort es un nacional panameño-español que actualmente se encuentra detenido, precisamente, por este caso, en el que se ha acogido a su derecho de guardar silencio. Antes, Cort negoció un acuerdo de pena y otro de colaboración eficaz con la Fiscalía Especial Anticorrupción por el caso Odebrecht, que fue validado en noviembre del año pasado.

Odebrecht y FCC han sido socias en proyectos de obras públicas desarrollados en Panamá, como las líneas 1 y 2 del Metro, construidas a un costo que suman en su conjunto $4 mil 220 millones, en los que Odebrecht tenía una participación del 55% y FCC, del 45%.

Metro: precios inflados

Es en España donde se han desarrollado investigaciones sobre la adjudicación de las líneas 1 y 2 del Metro y se han descubierto pruebas de la intermediación de FCC en ilícitos, a través de sociedades manejadas por esta empresa que aparecen igualmente implicadas en el “pago de dádivas por los contratos del Metro de Panamá”.

A fin de obtener los fondos que se necesitaban para pagar los sobornos a funcionarios y dirigentes políticos panameños, FCC adelantó $9.3 millones a la empresa Global Quality Steel, S.A., la cual debía comprar el acero para la construcción de la Línea 1 del Metro a la compañía Gerdau.

Los directivos de FCC –según el documento español– estaban conscientes de que el acero se pagaría a precios inflados (la sobrefactura sobrepasaría el doble del precio original). Además, se harían compras ficticias de acero, igualmente sobrevalorado.

En estos ilícitos participó el directivo de FCC Julio Casla, quien firmó varios contratos con el Ministerio de Obras Públicas, incluido, el de la construcción de la Línea 1 del Metro. Casla luego desviaba el dinero a otras sociedades de FCC y de Odebrecht para cumplir con su cuota en el reparto de sobornos a funcionarios panameños.

FCC también abonó dinero a cuentas de sociedades controladas por Maurico Cort –quien representaba, como testaferro, a los destinatarios finales de la coima–, a fin de obtener la adjudicación de la Línea 1 del Metro.

Coimas ‘hospitalarias’

Además de su sociedad con Odebrecht, FCC también obtuvo contratos de obras públicas en Panamá como adjudicatario único, siendo uno de esos casos la Ciudad de la Salud.

A través de sociedades bajo el control de Cort –como Arados del Plata, Cort Business Broker & Consultors, Inc., External Financial Consultans Inc., Neecel Corp, S..A., Ingeniería del Plata y Fundación MCJJ– se ejecutaron pagos de sobornos a funcionarios locales por los contratos de la Ciudad de la Salud.

FCC, imputada en España; investigada en Panamá
Roberto Roy, presidente del Metro de Panamá, a su izquierda el expresidente Ricardo Martinelli y a su de

FCC también ha sido investigada en Panamá por las obras de reordenamiento vial en ciudad de Panamá, en especial, las llamadas Vía Brasil tramo 1 y tramo 2.

Las autoridades de España han descubierto que FCC habría pagado millonarias “comisiones” a cambio de obtener contratos de obras públicas en Panamá y otros países del área.

Se trata de acuerdos de presunta corrupción de exdirectivos de FCC respecto a, al menos, 13 obras de infraestructura en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, entre 2010 y 2014.

Cabe destacar que FCC es controlada actualmente por el empresario mexicano Carlos Slim, quien compró en 2014 el 25% de las acciones de FCC y en 2016 tomó el control de su directiva.

Pesquisas en Panamá

Paralelamente, ayer se conoció que la Procuraduría General de la Nación –que en mayo de 2017 inició sus propias investigaciones sobre las obras de FCC en el país– tiene hasta este momento un total de 14 personas imputadas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, específicamente en el caso de las pesquisas del proyecto de reordenamiento vial conocido como Vía Brasil tramo 2.

Las investigaciones locales también tienen alcance sobre otras obras públicas: Vía Brasil tramo 1; la ampliación de la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen); la renovación de Patrimonio Histórico, y la Cinta Costera III.

La investigación local, que se lleva a cabo en coordinación con las fiscalías anticorrupción de España, gira en torno al proyecto de diseño, construcción y financiamiento del corredor Vía Brasil tramo 2, cuyo adjudicatario único es FCC. Según una auditoría de la Contraloría, esta obra tiene un sobrecosto por encima de los $40 millones, es decir, casi 20% del valor de la obra, a lo que hay que agregar el dinero de la coima que se pagó por su adjudicación, que superaría los $100 millones, indicó el Ministerio Público.

Como se dijo, 14 personas han sido imputadas por los delitos de peculado, corrupción y lavado de activos en 10 resoluciones de indagatoria, la primera de ellas, fechada el 29 de octubre de 2018.

Los nombres de los imputados se desconocen, aunque se sabe que Cort está detenido provisionalmente por este caso.

Además, un comunicado del Ministerio Público indica que se han girado cuatro asistencias judiciales: dos a Suiza, una a Costa Rica y una a Holanda, todas pendientes de respuestas por las autoridades correspondientes de esos países.

De acuerdo con la información brindada por la Procuraduría, existen declaraciones rendidas bajo juramento de funcionarios y exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas; de la Contraloría General de la República, y empleados de entidades bancarias.

Camacho: ‘Martinelli no es objeto de ninguna investigación penal’

El vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo en un comunicado que hizo circular ayer que “el expresidente Martinelli no es objeto de ninguna investigación penal en ningún país” y  que rechazan el “intento de vincularlo falsamente en supuestos actos ilegales, provengan estos de Panamá o el extranjero”. Advirtió que Martinelli usará recursos legales para “castigar penal y civilmente” a toda persona natural, jurídica o funcionario que lo involucre en actos ilegales. En España, la investigación nació a raíz de señalamientos de Rodrigo Tacla Durán, operador financiero de Odebrecht, constantemente citado por los medios de Martinelli cuando este involucra al expresidente Juan Carlos Varela en actos de corrupción.

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