GUATEMALA

Falla nuevo intento por quitar inmunidad a Morales

70 de los 112 diputados presentes para la votación se pronunciaron a favor de formar causa contra el mandatario. Se requerían 105 votos.

Falla nuevo intento por quitar inmunidad a Morales
Jimmy Morales da un discurso ante el Congreso a propósito de la conmemoración de la independencia, el pasado 13 de septiembre. Tomado

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ganó otra batalla en el Congreso, luego de que en una segunda sesión con el propósito de decidir si se le quitaba la inmunidad para que pudiera ser investigado por indicios de presunta financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015, la votación quedó lejos de la mayoría calificada –105 de 158 escaños–, y el expediente fue devuelto a archivo en la Dirección Legislativa.

Como el antejuicio implica que la mayoría calificada debe cumplirse para cualquiera de los dos escenarios, se hicieron dos votaciones. En la primera, 70 diputados votaron a favor de quitarle la prerrogativa de antejuicio a Morales y declarar con lugar la formación de causa; 42 votaron en contra y 46 se ausentaron. En la segunda, cuando se preguntó si se declaraba sin lugar la formación de causa, hubo 25 votos a favor, 86 en contra y 47 no asistieron.

La decisión fue precedida de un álgido debate para incluir el tema, a pesar de que había sido tomada en la reunión de jefes de bancada.

Al razonar su voto, Fernando Linares (PAN) alegó que el expediente contra Morales es político, porque el informe presentado por la Comisión Pesquisidora señaló que no existen indicios para considerar que el entonces secretario general del oficialista FCN-Nación tuvo intervención ni participación directa en los hechos que se le vinculan.

Además, porque la Corte Suprema de Justicia y la jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, actúan selectivamente. Aseguró que la Corte “mete bajo la alfombra” antejuicios que debería conocer el Congreso, recibiendo instrucciones “del poder oscuro que reinaba en Guatemala”. Sobre Aldana, dio a entender de que tiene mucho de político el proceso, cuando al llegar a la Corte una denuncia contra ella por “delitos gravísimos de obstrucción de justicia” la rechazan y no la envían al Congreso, al tiempo que cuando llega una contra el Ejecutivo no ven intención política y la remiten de inmediato.

“¿Entonces la insistencia para levantar la inmunidad será política?”, preguntó. Y añadió: “¿Una vez se le quite la inmunidad, creemos nosotros que la fiscal general, como lo ha hecho con otras personas cuando hay intención, no pediría orden de aprehensión contra el presidente con la misma rapidez que le allanó su residencia [casa presidencial]? ¿Y eso no será político?”.

Se refirió a un allanamiento en 2016, como parte de la investigación que se sigue al hermano y al hijo de Morales por plazas fantasmas y pagos por alimentos para banquetes que presuntamente nunca se dieron en el Registro Público.

Linares también alegó que se está contraviniendo el principio de doble persecución, ya que aunque el expediente quedó en archivo con la posibilidad de volver a discutir el tema, esto tiene que hacerse cuando haya hechos nuevos o reincidencia.

Para Raúl Romero (Fuerza), la decisión vuelve a poner en entredicho el Estado de derecho. “Esto va a tener una factura política”, advirtió, y reiteró que su voto a favor del retiro de la inmunidad buscaba que se abriera la pesquisa, porque es importante determinar si hay o no un ilícito.

Amílcar Pop (Winaq) insistió en la necesidad de generar las condiciones de transparencia dentro del organismo, y les recordó a sus colegas que ese fue el llamado que el pueblo les hizo en la manifestación del pasado miércoles, en la que centenares de personas exigieron la renuncia del mandatario y los 105 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal relativas al delito de financiamiento ilícito electoral, que luego se vieron obligados a retirar.

Más temprano, en la discusión del orden del día, Julio Ixcamey (UNE), quien fungió como presidente de la Comisión Pesquisidora, criticó a sus compañeros el querer tomar como excusa que el informe señaló la posibilidad de que el proceso fue político. “Lo más contundente fue que la comisión recomendó poner a orden de un juzgado penal al antejuiciado”, dijo. “No fuimos un tribunal que tenía que decir si es responsable o inocente”.

En un comunicado, Jimmy Morales dijo ayer que “respeta la decisión basada en el ejercicio soberano del Organismo Legislativo”.


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