Los 15 reclusos confinados en la cárcel de Punta Coco, Isla del Rey, y que las autoridades clasifican como de alta peligrosidad, no serán trasladados a otro penal como lo pidieron sus abogados.
Y es que un fallo de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de habeas corpus correctivo presentado por los abogados Kevin Moncada y Roberto Vergara, que buscaba el traslado de los presos de Punta Coco a otro centro penitenciario.
Argumentos
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Harry Díaz, concluyó que los detenidos están en esa cárcel de manera transitoria y que son de alta peligrosidad, por lo que es necesario “preservar la seguridad”.
“El caso evidencia una colisión de derechos: por un lado, están los derechos que tienen las personas privadas de libertad y, por el otro, está el derecho que tiene la comunidad a vivir en paz y con seguridad”, dice el fallo.
La sentencia reitera que los antecedentes de los presos sugieren que se está ante personas de “extrema peligrosidad”, que están vinculadas a delitos “muy graves” y que si bien el Estado está en la obligación de asegurarles sus garantías fundamentales, también tiene la obligación de garantizar los derechos de la colectividad a la vida, integridad y seguridad.
Los magistrados Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía, y Ángela Russo, salvaron el voto. Opinaron que antes de emitir una decisión de fondo, el pleno de la Corte debió comprobar si se cumplió a cabalidad con las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los detenidos de esa cárcel, en la que se reportaron incidentes que ponían en riesgo los derechos humanos de los reos. También opinaron que la Corte debió comprobar si esas situaciones fueron mejoradas.
Según Russo, en este caso no han colisionado derechos humanos, pues ninguno es superior a otro.
A su vez, Carrasco dijo que, al no tomar en cuenta factores como el complicado acceso al penal, el fallo no analizó la necesidad y proporcionalidad del aislamiento insular de los reos. Añadió que el Estado debe invertir en estructuras carcelarias en tierra firme para albergar a estas personas.