El Juzgado Quinto Penal tiene el camino casi despejado para decidir la reapertura de la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de las juntas comunales.
Este medio conoció que circula un proyecto de fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rechaza un conflicto de competencia reclamado por el Juzgado Liquidador de Chiriquí al Juzgado Quinto Penal, el cual lleva la causa sobre las supuestas irregularidades en las transferencias de dinero que se hicieron a 153 juntas comunales en el gobierno pasado.
El conflicto consiste en que el Juzgado Liquidador pidió al Juzgado Quinto Penal que acumule con el caso de las 153 juntas comunales un expediente relacionado con presuntas irregularidades en la Junta Comunal de El Puerto, en Remedios, Chiriquí.
Según el proyecto de fallo, el Juzgado Liquidador de Chiriquí deberá conocer de las sumarias en averiguación por el caso contra la Junta Comunal de El Puerto y niega que se acumule al de las 153 juntas comunales, en manos del juez quinto penal, Enrique Paniza.
El proyecto de fallo ya tiene la firma del magistrado Harry Díaz (ponente) y se encuentra pendiente de firmas de los magistrados Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, que completan la Sala Penal.
El juez Paniza remitió en marzo pasado el caso a la Sala Penal, antes de tomar una decisión sobre la petición que recibió del Ministerio Público (MP) para que reabra la investigación sobre las 153 juntas comunales.
El MP pidió la reapertura del caso, luego de que en febrero pasado la Contraloría General de la República le entregó 187 auditorías, en las que los diputados del período 2009-2014 –39 de ellos reelectos– transfirieron $247 millones a las juntas comunales.
Las auditorías precisaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) transfirieron $158 millones; 7 diputados del Molirena recibieron $36.2 millones; 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) usaron $34.7 millones; 10 del Panameñista utilizaron $17.1 millones y un diputado del Partido Popular transfirió $492 mil.
Además, revelaron que hay $50 millones en transacciones que no tienen justificación con documentos sobre su uso final.
El 15 de mayo de 2015, Paniza dictó un sobreseimiento provisional del caso, en espera de estas auditorías.