Impunes podrían quedar los funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) involucrados en la comisión de delitos penales, faltas administrativas o inclusive lesiones patrimoniales, como las descubiertas en la contratación de empresas “no idóneas” para realizar trabajos y ofrecer servicios en esa entidad.
El pasado 2 de septiembre se promulgó en Gaceta Oficial una resolución de la junta directiva de la CSS, que derogó el término “indefinido” que tenía la entidad para “prescribir” las acciones con el fin de revertir los perjuicios. Ahora, el término de prescripción pasó de ser indefinido a un lapso de 12 meses.
Además, si al servidor público no se le notifica que es investigado en 60 días, también prescribirá la falta, así como en casos de auditorías internas, como la que detectó el año pasado “derroches, omisiones e irregularidades” en la contratación de varias empresas que contrataba la institución a través de una alta exfuncionaria.
¿A qué se debió este cambio? ¿Qué medidas adoptó el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, para salvaguardar la seguridad de pacientes y funcionarios tras las alertas de una auditoría interna? El funcionario no respondió los correos electrónicos ni las llamadas telefónicas.