Gobierno e indígenas lograron un primer acercamiento ayer en medio del conflicto ambiental provocado por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado entre Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.
Durante una reunión sostenida por ambas partes cerca de la hidroeléctrica, las familias cuyas viviendas resultaron inundadas por la represa comunicaron que están dispuestas a ceder y llegar a un acuerdo en el tema.
Inicialmente, los perjudicados por el proyecto demandaban la cancelación de la obra. Sin embargo, ahora solicitan que el Gobierno se responsabilice de los daños en las 11 viviendas inundadas.
Manolo Miranda, dirigente indígena del Movimiento 10 de Abril y uno de los perjudicados por esta obra, señaló que desean lograr un acuerdo con las autoridades. “Quedamos en que volveríamos a reunirnos a mediados de marzo. Somos optimistas en que el conflicto culminará pronto”, dijo Miranda, quien fue uno de los que más rechazó la hidroeléctrica en su momento.
Por parte del Gobierno acudió al encuentro el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez. Asimismo, funcionarios de Cancillería, la Autoridad de los Servicios Públicos y del Ministerio de Ambiente.
Al respecto, Sánchez subrayó que fueron bien recibidos por la comunidad indígena. “Se han dicho verdades que pueden ser duras, pero es una condición que se necesita para un diálogo provechoso”, dijo, y aclaró que aún no se ha firmado un acuerdo final.
Barro Blanco tuvo su génesis en el año 2006, cuando durante la administración del entonces presidente de la República, Martín Torrijos (2004-2009), se aprobó la concesión bajo ese nombre.
La propuesta era una hidroeléctrica que generara 19 megavatios y durante la aprobación del estudio de impacto ambiental se cuestionó la poca consulta pública. No obstante, en el pasado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) se amplió la capacidad de generación de la hidroeléctrica a un poco más de 28 megavatios, sin una evaluación ambiental, como lo establece la ley.