La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá enfrentar un juicio por las supuestas irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.
El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que la exmandataria (2007-2015) está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, informó el jueves el Centro de Información Judicial.
Todavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.
Bonadío también envió a juicio por la misma causa a otros 14 exfuncionarios, entre ellos al exministro de Economía y actual diputado del peronista Frente para la Victoria Axel Kicillof, al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, y a todos los directores de la Comisión Nacional de Valores.
El juez considera a la expresidenta partícipe de una maniobra mediante la cual el Banco Central ofreció a fines de 2015 dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos 4 mil 929 millones de dólares al cambio actual).
En una resolución judicial, Bonadío destacó como factible la sospecha de un fiscal federal de que Fernández y su ministro de Economía “pergeñaron la maniobra y dieron las instrucciones para que fuera implementada” y que “los miembros del Directorio del Banco Central activaron los resortes necesarios para comenzar su ejecución, acelerando la venta de contratos de futuros de dólar a valores inferiores que los de mercado”.
“Conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve periodo un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad, y por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos”, se lee en el fallo, de 27 páginas, en el que el magistrado también declaró la clausura de la instrucción.
El delito imputado a Fernández contempla penas de hasta seis años de prisión.
La exmandataria ha denunciado que varios funcionarios del actual gobierno del presidente Mauricio Macri participaron de esa operatoria y resultaron beneficiados por la fuerte devaluación del peso, dispuesta por su sucesor pocos días después de asumir el 10 de diciembre de 2015.
Fernández también es investigada por Bonadío por supuesto lavado de dinero y por haber presuntamente recibido sobornos de empresarios. Además, el juez federal Julián Ercolini la procesó junto con dos exfuncionarios por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
La exmandataria sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por el poder político.