La expresidenta argentina Cristina Fernández fue citada a declarar ante el juez federal Julián Ercolini, que la investiga por supuesta defraudación con fondos para obras públicas.
El juez ordenó la inhibición de los bienes de la exmandataria y la citó a declaración indagatoria para el próximo 20 de octubre, según resolución publicada por el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
La exmandataria ya fue inhibida en otra causa en la que se investiga si causó daño financiero a través de operaciones cambiarias del Banco Central durante sus gobiernos (2007-2015). En esa causa, el juez Claudio Bonadío también ordenó congelar las cuentas bancarias de la exmandataria.
El juez Ercolini consideró que “existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria” por supuesta defraudación a través de concesiones de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, otro de los 17 citados en la causa.
Báez es un empresario constructor que hizo fortuna durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) como beneficiario de la obra pública en la Patagonia. Se encuentra en prisión imputado de lavado de dinero.
Ercolini resolvió investigar sobre la base de la acusación de la fiscalía, que sospecha que los imputados “integraron una organización criminal ideada desde el inicio para beneficiarse ilegítimamente con el dinero público”.
La fiscalía considera que existen “elementos demostrativos de sistemáticas irregularidades en distintos procesos licitatorios para varias decenas de ejecuciones viales que en todos los casos beneficiaron a Lázaro Báez”.
Entre otros argumentos de los fiscales para requerir las indagatorias, la resolución destaca que, “la maniobra” se “edificaba sobre cuatro pilares fundamentales; 1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado”.
Sobre el redireccionamiento de la obra pública, los fiscales aseguran que “las contrataciones se caracterizaban por la concurrencia de varias empresas del conglomerado societario a una misma licitación y la alternancia en las adjudicaciones, el otorgamiento de obra vial por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual asignada (...) la asignación de nuevas obras públicas pese a que existía un incumplimiento sistemático de los términos de contratación de las anteriores, la presencia de sobreprecios y la existencia de adjudicaciones de obras viales en tiempo récord y en las que existía un único competidor”.
Entre los citados figura el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. También quien fuera su segundo en el ministerio, José López, atrapado en junio pasado cuando ocultaba bolsos con $9 millones en un monasterio en las afueras de Buenos Aires.
López, arrestado bajo cargos de enriquecimiento ilícito, es el hombre que manejó los fondos de las obras públicas durante los 12 años de la gestión kirchnerista.
Kirchner ha sostenido que la causa es política, que se trata de un caso de hostigamiento hacia su persona y ha denunciado a Bonadío, a quien acusó de parcialidad e intentó destituir durante su gobierno.