El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la inhibición de todos los bienes de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), por la causa en la que se investiga una venta irregular de dólares a futuro.
La medida fue instruida tras la audiencia a la que asistió Fernández para notificarse del procesamiento y embargo (por 15 millones de pesos o un millón de dólares al cambio actual), dictados en esta causa y que ella apeló, informó la agencia estatal Telam.
Con la inhibición, Fernández está inhabilitada para realizar operaciones de compraventa con los bienes a su nombre, que incluyen, según el diario Clarín, 4 casas en Río Gallegos y una de veraneo en Calafate; 12 apartamentos distribuidos entre el Sur y Buenos Aires, 4 locales y 5 globos de terreno; 7 plazos fijo, uno de ellos por 14 millones de pesos (unos $950 mil al cambio actual).
Bonadío argumenta que Fernández habría avalado la venta de millones de dólares a futuro al bajo el precio que su Gobierno fijaba en un mercado de cambios regulado.
Cuando el presidente Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015, liberó el mercado cambiario y el peso local cayó casi 30%, lo que obligó al Estado a poner la diferencia para cumplir con esos contratos a futuro, reportó la agencia AP.
El jueves pasado, Fernández denunció en su cuenta de Twitter ser una perseguida política. “Hacía tiempo, décadas diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante”, dijo. Ayer, al salir de los tribunales adujo: “Hoy quedó demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del poder judicial que denomino el ‘partido judicial’ ya reviste caracteres casi ridículos. Lo único que hice en el juzgado de Bonadío fue firmar una notificación que ya se había efectuado a través de mi apoderado (...)”.
Cuestionó que haya tenido que notificarse personalmente en Buenos Aires cuando podría haberlo hecho a través de un exhorto ante el juzgado federal de Río Gallegos. Anunció, además, que tras notificarse interpuso una denuncia contra Bonadío y la diputada Margarita Stolbizer, quien el pasado martes pidió al fiscal que maneja la causa Hotesur –que investiga el enriquecimiento patrimonial de la familia Kirchner– que indague sobre presuntas cuentas bancarias y cajas de seguridad de propiedad de la exmandataria, en las que habría 5 millones de pesos.
Sobre esto, según la agencia Télam, Fernández señaló ayer que lo dicho por Stolbizer es producto de una filtración de un documento que habría obtenido tras un allanamiento y la tergiversación de esa información por parte de la diputada.
Remarcó que se está ante “un tráfico de información, de connivencia entre el juez, la denunciantes y su asesora (...)”, según una declaración a la televisora TN.
Según el diario Clarín, luego de que Fernández dejó la Presidencia declaró un patrimonio de 77 millones de pesos (unos $5.2 millones). En 2014 declaró 64 millones de pesos. Seis años antes, tras su primer año de mandato, declaró tener 17.8 millones ($1.2 millones hoy).