El Juzgado Decimosexto Penal fijó los días 21 y 22 de noviembre de 2016 para realizar la audiencia preliminar en el proceso seguido a Giselle Burillo, exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), por la presunta comisión del delito de peculado.
La audiencia es en relación a una investigación llevada por la Fiscalía Primera Anticorrupción sobre posibles sobrecostos en la contratación del servicio para transportar plantas móviles (furgones y remolques) en la ciudad de Panamá y el interior.
Además de la exadministradora, también fueron llamados a la audiencia los exfuncionarios de Ampyme David Rivera, ex director administrativo; Carlos Aguilar, exjefe de Compras, y Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial.
Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería, y Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, ambos de la Contraloría General de la República, igualmente han sido llamados para la audiencia preliminar.
El juez Enrique Pérez solicitó la presencia en la audiencia del empresario Guillermo Ortiz, representante legal de la empresa Grupo Orme, S.A. (GOSA), contratada para el servicio de transporte de las plantas móviles.
La investigación se origina de una demanda presentada por las autoridades de Ampyme, luego de que se identificaron presuntas irregularidades en 38 órdenes de compra solicitando el servicio para movilizar o trasladar plantas móviles.
Sobre estas 38 órdenes de compra, la fiscal Tania Sterling concluye en la vista fiscal que entre el período 2011 y 2012 se pagaron un total de 91 mil 913 dólares por los servicios de transporte de las plantas móviles, pero que dentro de las contrataciones hay 20 facturas pagadas que no tienen la firma de recibo conforme.
En su análisis jurídico, la fiscal Sterling destaca que Burillo y los otros seis exfuncionarios “con su actuar por acción u omisión, permitieron que se vulneraran los fondos de la Ampyme, faltando así a la atención de sus necesidades socioeconómicas, beneficencia y apoyo en las comunidades”.