El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía –juez de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN)– convocó a una audiencia de control mañana, con el fin de evaluar información recibida de las autoridades de Brasil, previa solicitud de asistencia judicial.
Mediante una comunicación emitida ayer a través de la Secretaría Judicial, el magistrado Mejía dispuso que la audiencia de control posterior se debe celebrar para darle traslado a la defensa de Martinelli de los hallazgos realizados en Brasil.
Fuentes de la Corte informaron que durante esta audiencia, solicitada por el magistrado Oydén Ortega –fiscal del proceso–, el juez de garantías puede legalizar o no las pruebas obtenidas a través de la asistencia judicial.
El proceso a Martinelli por la comida deshidratada se encontraba paralizado desde el pasado 8 de marzo, cuando el juez de garantías rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensa del exmandatario, que argumentó que el fiscal Ortega había solicitado información de forma ilegal sobre sus cuentas bancarias.
Mejía rechazó este recurso al considerar que el fiscal puede conducir determinadas diligencias sin el control previo del juez.
Además, alegó que las diligencias cuestionadas no son judiciales, que es lo que dice el artículo 199 del Código Procesal Penal, utilizado por la defensa de Martinelli en la apelación.
Por el caso de los alimentos deshidratados, el juzgado Decimoquinto Penal está pendiente de fijar fecha de audiencia preliminar a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Martinelli; al exdirector y al exjefe de Nutrición del PAN, Giacomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; y a Rubén De Ycaza, de la empresa Lerkshore International Limited, contratada por el PAN.
La audiencia preliminar ya ha sido suspendida dos veces a solicitud de los abogados de Martinelli, quien reside en Miami, Estados Unidos, desde comienzos de 2015.
En este caso se calcula que la lesión patrimonial, en perjuicio del Estado, alcanzaría los $44.9 millones.