El fiscal general ecuatoriano Carlos Baca destacó ayer que presume que al menos un 50% de las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos del país pasó por Panamá. En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que el próximo martes viajará a Panamá “para tener una reunión directa con Kenia Porcell, procuradora general de Panamá, para abordar cómo procesar adecuadamente esta información” sobre el rastro de unos 3 mil millones de dólares que presumiblemente pasaron por allí hacia paraísos fiscales.
Sobre este proceso, en Ecuador está detenido el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, y un empresario como presunto testaferro en torno a un pago de 1 millón de dólares por parte de esa compañía. El contralor general, Carlos Pólit, también está vinculado con investigaciones y la Asamblea busca enjuiciarlo políticamente para destituirlo. Baca no ofreció detalles de la investigación o de los presuntos corruptos aduciendo que tiene restricción legal al respecto, aunque precisó que se han iniciado cuatro investigaciones por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, concusión y asociación ilícita; se han realizado 18 allanamientos, hay 8 procesados con formulación de cargos y se han requerido 26 asistencias penales internacionales para recabar información.
Odebrecht y la Fiscalía de Ecuador suscribieron el 8 de junio un acuerdo de cooperación mediante el cual la empresa entregó información acerca de la trama de corrupción que desplegó en este país. No se conocen detalles del acuerdo. La fiscalía revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma brasileña con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en los que fueron otorgados. El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht, que ahora tiene prohibido por ley suscribir contratos en este país.