Los investigadores brasileños acusaron formalmente ayer al expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva de lavado de dinero y corrupción, llamándolo el “comandante en jefe” de una red de sobornos a gran escala que pende sobre la nación más grande de Latinoamérica.
Aunque se esperaba la formulación de cargos contra Lula, luego de que la policía los recomendara el mes pasado, sorprende la caracterización de su papel en la red de sobornos en la paraestatal petrolera Petrobras.
La investigación, conocida como Lava Jato, ha llevado al encarcelamiento de decenas de empresarios y altos políticos durante los últimos dos años. Aunque Lula, quien fue presidente entre 2003 y 2010, ha sido indiciado desde hace tiempo, la fiscalía no lo había acusado hasta antes del miércoles, como algo más que un beneficiario.
Lula era “el comandante en jefe de la red de corrupción identificada como Autolavado”, dijo Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza investigadora, durante una conferencia de prensa realizada en Curitiba, una ciudad en el sur del país. “No estamos juzgando quién es o era Lula como persona, sino lo que le hizo o le dejó de hacer al pueblo”, comentó.
Dallagnol presentó diagramas que pretendían demostrar la conexión de Lula con varios de los protagonistas en la red de corrupción, que se extiende a más de una década. Señaló que los fiscales podrían demostrar que el exmandatario se reunió en momentos clave con las personas involucradas en el contubernio, tales como Marcelo Odebrecht, el expresidente de la gigante constructora Odebrecht, quien ya está encarcelado.
Dallagnol argumentó que Lula, quien dejó la presidencia con índices de aprobación muy elevados, utilizó una red de financiamiento ilegal de campaña y sobornos para obtener respaldo político en el Congreso.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, criticó a Dallagnol al señalar que se ha mostrado incapaz de realizar su trabajo. “Su comportamiento político es incompatible con el papel de fiscal federal”, aseguró.
Pese a la letanía de acusaciones en contra de Lula, solo se presentaron dos cargos: lavado de dinero y corrupción.
Lula, su esposa y otras cinco personas fueron acusadas de beneficiarse de manera ilegal de las renovaciones en un apartamento frente a la playa en la ciudad de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Las mejorías, con un valor aproximado de 75 mil dólares, fueron realizadas por la compañía constructora OAS, una de las relacionadas a la red de corrupción que emana de Petrobras.
La fiscalía también cree que Lula se benefició de que OAS pagara el alquiler de una bodega en la que almacenaba los regalos simbólicos que recibió durante su mandato.
Lula reconoció haber visitado el penthouse, pero asegura que nunca fue de su propiedad.
Sergio Moro, el juez que encabeza la investigación, ahora debe decidir si llevar a juicio al expresidente.
En un caso relacionado con Petrobras, Lula será enjuiciado por cargos de obstrucción de la justicia. Aunque su Partido de los Trabajadores ha perdido mucho apoyo debido a los escándalos de corrupción en años recientes, el exmandatario aún goza de popularidad en todo el país y ha expresado sus intenciones de buscar la presidencia en 2018.
El enorme abismo entre las acusaciones verbales de ayer y los cargos presentados contra Lula generaron muchas dudas sobre el futuro de la pesquisa. Lula, quien rechaza haber cometido cualquier irregularidad, ha intentado desde hace tiempo retirar todos los cargos en su contra de la jurisdicción de Moro, quien se ha vuelto célebre por encarcelar a importantes personajes durante los últimos dos años.
Los expertos legales señalan que realizar declaraciones tan drásticas podría ayudar a los fiscales a conservar el caso en su jurisdicción y mantener la pesquisa ante la vista del público. Sin embargo, dichas maniobras pueden resultar arriesgadas.
“Las duras palabras demuestran que la evidencia podría no ser tan sólida”, aseguró Cezar Britto, exdirector de la Asociación Brasileña de Abogados. “Pareciera que los fiscales buscan el apoyo de la sociedad en lugar de buscar más evidencias”, remarcó.