El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Abel Zamorano, fiscal en el caso que le sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas anomalías en el contrato otorgado a Cobranzas del Istmo, S.A., para el cobro de impuestos morosos, aseguró documentos ligados al proceso tras allanar las oficinas de Importadora Ricamar –propiedad del exmandatario–, en Monte Oscuro.
Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A., declaró que entregó a Martinelli en dichas oficinas bolsas con dinero en efectivo producto de la gestión de su empresa por el cobro e impuestos en el gobierno pasado.
El magistrado Abel Zamorano, en funciones de fiscal, realizó ayer un allanamiento e inspección ocular en las oficinas principales de Importadora Ricamar, en Monte Oscuro, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli.
La diligencia guarda relación con el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Martinelli, luego de que Cristóbal Salerno, accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), declaró que entregó bolsas con dinero en efectivo hasta con $400 mil y $600 mil al expresidente en esas oficinas, producto de las comisiones que obtuvo del contrato para gestionar el cobro de impuestos del Estado.
La diligencia se justificó“en la necesidad de ubicar y recuperar los libros de contabilidad de la empresa, así como cualquier otro documento contable de la empresa perteneciente a los periodos 2009-2014, y los libros o soportes físicos en los que reposa el control de entradas y salidas de las personas que ingresaban a dicha empresa, para los años 2009-2014”, informó la CSJ en un comunicado oficial.
Los documentos serán ahora preservados “bajo cadena de custodia como lo establece la ley procesal penal”.
A través del comunicado, el magistrado Zamorano aclaró que la diligencia no afectó el funcionamiento administrativo ni económico de la empresa y que la misma no estaba motivada por ningún tipo de presión política, como aseguraron los abogados de Martinelli.
Durante el allanamiento, empleados del Súper 99 realizaron un piquete en la calle para solidarizarse con Marta de Martinelli, esposa del exmandatario, quien se encontraba en las instalaciones. “No creo que es la manera. Si se va a hacer una diligencia, por qué impedir que los empleados lleguen, como si aquí hubiese un narcotraficante escondido”, indicó la esposa de Martinelli.
En mayo de 2015 la Fiscalía Cuarta Anticorrupción compulsó copias a la CSJ tras la declaración que rindió Salerno contra Martinelli. El 23 de septiembre de 2015 la Corte admitió abrir un proceso al expresidente.