La nueva fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, expresó ayer que está comprometida con la investigación del caso Lava Jato, que ha implicado a decenas de políticos locales, entre ellos el presidente Michel Temer.
En su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo el pasado 18 de septiembre, Dodge declinó hacer comentarios sobre los cargos presentados contra Temer por su predecesor, Rodrigo Janot, pero dijo que no los retiraría.
Janot acusó a Temer por obstrucción a la justicia y de ser parte de una organización criminal —pocos días antes de abandonar su puesto— con base en los testimonios de los dueños de la empresa cárnica JBS, S.A. El fiscal, sin embargo, tuvo que revocar ese acuerdo luego de que se conociera evidencia de delitos cometidos por los testigos.
Dodge dijo a periodistas, sin embargo, que revocar los acuerdos de delación compensada no borra la evidencia provista por estos.
La Cámara baja del Congreso, que tiene la autoridad para decidir si un presidente debe ser sometido a juicio, comenzó a discutir los nuevos cargos ayer y se espera que los bloquee, como lo hizo el mes pasado con una acusación previa de sobornos presentada contra Temer por presuntamente aceptar pagos de JBS.
Dodge señaló que el Supremo Tribunal Federal (STF) debe decidir si la Policía también puede negociar acuerdos de delación compensada con criminales, una autoridad limitada actualmente a los fiscales, quienes se han opuesto a compartir la función con las fuerzas de seguridad.