La fiscal superior anticorrupción Tania Sterling reiteró que sí hubo una conducta ilícita en el otorgamiento de un préstamo por parte de la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC- Contratas-P&V y que, por ello, tras el sobreseimiento definitivo dictado a favor de todos los imputados, en los próximos días sustentará un recurso de apelación .
En una rueda de prensa convocada ayer, Sterling expresó que en esta investigación existen pronunciamientos del Segundo Tribunal de Justicia e, incluso, de la Corte Suprema de Justicia que validan las actuaciones de la fiscalía.
Aseguró que la inexistencia de una lesión patrimonial no implica que no se cometió un hecho punible, y que todas las medidas cautelares y diligencias ordenadas fueron decretadas legales por los tribunales superiores.
“Insistimos en que la jurisdicción de cuentas exige la existencia de una lesión patrimonial, pero la jurisdicción penal exige el perfecto comportamiento del servidor público, ya que debe trabajar conforme a derecho”, adujo la fiscal.
Alegó que existe jurisprudencia de la Corte en la que se ha definido que en los delitos contra la administración pública la lesión patrimonial no es lo que determina el hecho punible, y refutó el argumento utilizado por los abogados defensores, quienes aseguran que sus clientes devolvieron hasta el último centavo del préstamo.
En ese sentido, el Código Penal establece sanciones menos severas para los que devuelvan dinero producto de un ilícito, pero -recordó Sterling- esto no los exonera de la responsabilidad.
Apuntó que en este caso no hubo una devolución voluntaria, ya que la CA tuvo que recurrir a la jurisdicción coactiva para cobrar. El dinero se devolvió, indicó, cuando ya se había iniciado la investigación.
Inicialmente el caso estuvo bajo la tutela del Juzgado Decimotercero Penal, a cargo de Alina Hubiedo, quien validó todas las actuaciones de la fiscalía; por una recusación en su contra tuvo que separarse del proceso.