El fiscal argentino Guillermo Marijuán declaró a medios locales que el enriquecimiento injustificado del empresario kirchnerista Lázaro Báez provendría de sobrecostos en las obras públicas con las que su empresa fue beneficiada, así como del fraude fiscal.
En declaraciones a la radio La Red, divulgadas por el diario Clarín, Marijuán señaló: “No es que nosotros estamos investigando el sobreprecio de las obras públicas ni evasión, nosotros tenemos un caso satelital iniciado por la diputada Margarita Stolbizer en [el] que hacemos pie para todo esto”.
Marijuán hizo estas declaraciones ayer, dos días después de que se conociera el dictamen del juez federal Sebastián Casanello, quien solicitó indagar a tres de los cuatro hijos de Báez, y pidió una ampliación de indagatoria para el padre de estos, Lázaro, luego de que la Unidad de Información Financiera emitiera un informe en el que confirma la existencia de varias cuentas bancarias no declaradas en el exterior, con un valor aproximado de $25 millones, a nombre de los hijos del empresario y pidiera su detención.
Marijuán recordó que el caso que lleva adelante la justicia se inicia bajo la presunta comisión del delito de lavado de dinero y que la denuncia de Stolbizer fue fundamental para descubrir las maniobras que hoy están en la fase de investigación y que incluyen la utilización de sociedades offshore para generar un entramado para canalizar fondos de origen ilícito.
El pasado 25 de junio, el ministro de Justicia Germán Garavano alegó que “cualquier persona imputada por el delito de lavado de dinero puede hacerse eco de la figura del arrepentido”, que actualmente ofrece medidas de protección. De hecho, el 23 de junio, la Cámara de Diputados aprobó ampliar esta figura para los casos de corrupción y, de aprobarse en el Senado, los acusados que brinden información veraz para esclarecer un delito podrán favorecerse además con reducción de penas.
Mientras, Clarín reportó que Luciana, Melina y Leandro Báez pasan el tiempo en una propiedad de su padre ubicada en Río Gallegos y que las viviendas de los hijos del empresario se encuentran rodeadas de la policía.
Según lo dispuesto por el juez Casanello, los hijos de Báez tienen una prohibición de salida del país. Además, deben comparecer semanalmente ante el tribunal y no pueden ausentarse de su jurisdicción por más de 24 horas sin previo aviso.
La investigación tomó un nuevo giro luego de que el noticiero Telenoche mostró videos de las cámaras de seguridad de la financiera SGI (La Rosadita) en los que se ve a Martín Báez, uno de los hijos del empresario, y otras personas contando dinero.
(Con información de ’Clarín’ y ‘La Nación’)
