El fiscal electoral Eduardo Peñaloza se abstuvo de emitir opinión con respecto a las impugnaciones presentadas contra dos diputados electos del oficialista Cambio Democrático (CD).
Se trata de las impugnaciones contra los diputados electos Carlos Tito Afú, en el circuito 7-1 [Las Tablas], y Mariela Vega, en el circuito 7-2 [Los Santos, Tonosí y Macaracas].
Peñaloza basó su posición en que “no sería prudente de nuestra parte adelantar una recomendación al respecto, considerando que los hechos que se indican que configuran cada causal invocada no están probados de por sí en la demanda, sino que dependen en gran medida de la actividad probatoria a desarrollarse luego que se proceda a la admisión de pruebas...” .
Afú fue impugnado por el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ovidio Díaz, quien alega irregularidades el día de las elecciones en varias actas de mesa. En tanto, Vega fue impugnada por el candidato del PRD Olivares Frías, bajo el argumento de que usó fondos públicos en su campaña.
Peñaloza, además, advierte de que considera “prudente reservar sus consideraciones para el momento procesal correspondiente, o sea cuando las pruebas presentadas y las aducidas que se admitan sean evacuadas...”.
Según establece el Código Electoral, la opinión de la Fiscalía Electoral no es vinculante. La última decisión la tomará el Tribunal Electoral (TE).
DESCARGOS
Por otro lado, Ana Giselle Rosas de Vallarino, candidata a diputada por CD por el circuito 4-6 [San Félix, San Lorenzo, Remedios, y Tolé, en Chiriquí], presentó ante el TE sus alegatos frente a la impugnación de Jorge Alberto Rosas, quien compitió para el puesto en esa misma área.
“Se presentaron todas las pruebas que sustentan que nuestro triunfo se dio gracias a una campaña transparente y de contacto directo con miles de personas del circuito 4-6”, añadió.
Por su parte, Rosas, actual diputado, indicó que hubo un plan orquestado por el actual gobierno para apoyar a Rosas de Vallarino con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En su impugnación, sustentó que más de $1 millón de dólares fue transferido desde el MEF a la junta comunal El Puerto, en Remedios, con la autorización del titular de esa entidad, Frank De Lima.