“Las cotizaciones suministradas por otras empresas que prestan el mismo servicio –de alquiler de helicópteros–, en concepto de tarifas de vuelos por hora, resultaron con una diferencia de más de mil dólares; aunado, en las órdenes de compra confeccionadas se facturaron más horas de vuelo que las que realmente se utilizaron, situación esta que ocasionó un perjuicio económico al Estado”.
La anterior es una de las conclusiones de la investigación que hizo la Fiscalía Segunda Anticorrupción por supuestas anomalías en el alquiler de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), caso por el que pidió al Juzgado Decimoquinto Penal llamar a juicio a 21 personas.
En su vista fiscal, fechada el 2 de febrero pasado, Javier Mitre resaltó que los involucrados en el caso hicieron contrataciones por invitación directa del PAN, amparados en convenios interinstitucionales entre esa entidad y los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Salud, con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y otros organismos del Estado, sin seguir con los parámetros del Decreto Ley 690 del 23 de julio de 2010, que regía el PAN.
Advirtió, en tal sentido, que no se cumplió con la invitación a dos o más empresas del listado que poseía el PAN, lo que demostró“la falta de probidad, administración, custodia y cuidado por parte de los funcionarios, que permitieron con su actuar que los dineros del erario público se viesen afectados, en virtud de que no tomaron en consideración la cantidad de dinero que se pagaba en cada orden de compra por los servicios de vuelo (...) relativamente onerosos en comparación con otros más económicos para el Estado, permitiendo así que terceros, aprovechándose de la familiaridad y amistad se apropiaran de dichos dineros, como se pudo apreciar en el informe de auditoría”.
EXFUNCIONARIOS
En este escenario, el fiscal imputó cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública a 16 exfuncionarios del PAN, Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Ministerio de Salud (Minsa), Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) (ver tabla).
También acusó a los empresarios José Rodríguez González y Milva Chang, de Cabin Corp.; Mónica Rodríguez, de Angel Wings Life Team; y Josefa González, de Love Aviation Inc., que supuestamente ofrecieron el servicio sin tener la debida autorización. A Fotis Lymberópulos, de Heliflight Panamá, S.A., lo imputó por supuestamente cobrar por encima de la tarifa que regía en el mercado, en contrataciones suscritas con el Ministerio de Desarrollo Social.
REACCIONES
Isaac Figueroa, abogado del exdirector de la Anati Franklin Oduber, criticó la petición del fiscal, pues, a su juicio, no acreditó el delito imputado a su cliente.
A su vez, Roberto Moreno, abogado del exministro de Salud Javier Díaz, indicó que presentaron pruebas documentales y testimonios que establecen que los vuelos sí se realizaron, pero aun así la fiscalía siguió el proceso, que, a su juicio, debe ser archivado.
Víctor Orobio, abogado del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, afirmó que este caso terminará en sobreseimiento, porque la fiscalía acreditó el delito con documentos que le entregó la Autoridad Aeronáutica Civil, que más tarde indicó que tales papeles no servían para demostrar lo que la fiscalía quería y que la información que servía para eso la habían borrado del sistema. Tanto la fiscalía como la Contraloría se equivocaron por trabajar sobre fuentes ilegítimas, señaló.
