El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ayer al juez Julián Ercolini un embargo de manera preventiva a las cajas de seguridad y las cuentas bancarias de la hija de la expresidenta argentina Cristina Fernández por supuestas irregularidades financieras, informó el diario Clarín.
Esta petición surge después de la apertura de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, ubicadas en la sede central del Banco Galicia, en las que se encontraron 4 millones 664 mil dólares.
El fiscal Pollicita busca determinar dónde Florencia Kirchner pudo cambiar los pesos argentinos por dólares estadounidenses, ya que muchos de los fajos de billetes que fueron encontrados tenían una cinta con el nombre del Banco Galicia y otros estaban termosellados y precintados por la Reserva Federal de Estados Unidos.
La medida judicial implica para la hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández el impedimento de realizar algún movimiento con sus cajas de seguridad y cuentas bancarias que estén a su nombre, hasta que finalicen los peritajes ordenados para dar alguna explicación a su patrimonio. La única excepción de uso de los recursos es la satisfacción de sus necesidades diarias.
El diario Clarín también aseguró que el dinero de Florencia Kirchner provino de la herencia de su padre, de la cual es beneficiaria del 25%, y cuyo proceso judicial aún no ha sido resuelto.
Florencia Kirchner solicitó el pasado miércoles, a través de un escrito de su abogado Carlos Berardi, la apertura de las cajas de seguridad para que se constatara su contenido. Sin embargo, según Clarín, esta solicitud se realizó después de que en marzo pasado se realizara un retiro bancario de un millón 125 mil dólares.
El embargo de las cajas de seguridad y las cuentas bancarias fue solicitado en el marco de las investigaciones por el caso Hotesur iniciadas por la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades societarias y fiscales a través de esta sociedad anónima que maneja el hotel Alto Calafate.
En el caso también está implicado el empresario Lázaro Báez, a quien la Cámara Federal ratificó el pasado jueves la prisión preventiva por la presunta comisión del delito de lavado de dinero en el marco de otro caso de corrupción conocido como ‘La Ruta del Dinero K’, de acuerdo con un comunicado del Centro de Información Judicial de Argentina.