Unos 18 meses después de haber hecho una solicitud de información al Ministerio Público de Panamá sobre cuentas bancarias, beneficiarios y sus transacciones, el Ministerio Público Federal de Brasil levantó el velo de confidencialidad al intercambio de correos con las autoridades locales, para poner al descubierto que Panamá contestó tardíamente y solo una fracción de la solicitud de los brasileños.
De nueve puntos, la Procuraduría panameña, a cargo de Kenia Porcell, respondió uno, ignorando por completo el resto de las peticiones, que podrían probar la vinculación absoluta de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, S.A., con sociedades panameñas que recibieron dinero sucio destinado al pago de coimas a hoy exfuncionarios de Petrobras, confesos y condenados, así como “a autoridades de diversos países en los que Odebrecht tiene obras, incluyendo Panamá”.
Pese a que las autoridades brasileñas se esforzaron en explicar que el dinero depositado en una cuenta del banco panameño Credicorp, a nombre de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A., era de origen ilícito, según sus propios beneficiarios, la Procuraduría panameña decidió responder de forma parcial la petición de información de los fiscales brasileños.
Ello, a pesar de que las autoridades del país suramericano sustentaron su pedido en varios tratados internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que Panamá ratificó el 23 de septiembre de 2005 y la incorporó a su legislación mediante la Ley 15 del 10 de mayo de 2005.
Según el marco jurídico e institucional establecido por el país en el contexto de la aplicación de este tratado, el secreto bancario (“reserva bancaria”) no es obstáculo para que los fiscales soliciten la disposición o el decomiso de los archivos bancarios, financieros o comerciales en el curso de una investigación.
Panamá, además, es signataria de un tratado con Brasil sobre asistencia jurídica penal, incorporado a la legislación local en la Ley 5 de 4 de enero de 2008, en la que ambos países se comprometen a entregar documentos a solicitud de parte, asistencia en medidas de aseguramiento y decomiso y devolución de documentos y bienes, incluidos recursos públicos apropiados indebidamente.
El fiscal a cargo de la megainvestigación Lava Jato, Deltan Dallagnol, escribió el pasado 18 de agosto, tras más de un año de espera, “que las autoridades panameñas se están resistiendo al total cumplimiento del pedido”.
La Prensa se comunicó en varias ocasiones con la procuradora Porcell, a fin de obtener su versión, pero al cierre de esta edición no había respondido.
La petición de información del fiscal Dallagnol fue recibida en Panamá el 17 de marzo de 2015, pero no fue respondida sino hasta octubre de 2015, a pesar de que las respuestas fueron solicitadas con urgencia, debido a que había personas detenidas en Brasil a causa de esta investigación.
Desde entonces, los fiscales tratan de que Panamá responda los requerimientos, pero sin éxito.
En el pasado, las autoridades locales se han defendido de las recriminaciones de los fiscales brasileños alegando que su petición era imprecisa y generalizada y por tanto no podían responderla de forma completa.