Las sanciones que se les imponen a quienes cometen delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial no llenan las expectativas de los fiscales que investigan este tipo de hechos.
Fiscales centroamericanos reunidos en Panamá discuten estrategias para que se modifiquen las sanciones económicas que se imponen por acciones que causan daño al ambiente.
Sergio Valdelomar, fiscal ambiental de Costa Rica y secretario de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa Silvestre para Centroamérica y República Dominicana, Roavis, considera que en materia ambiental les interesa más la conciliación para reparar el perjuicio al ambiente, que una sentencia condenatoria.
En Panamá, las penas para quienes cometen delitos ambientales van de 2 a 8 años de prisión, de acuerdo con el Título XIII del Código Penal, que se refiere a este tipo de hechos. En cuanto a la sanción pecuniaria, el artículo 423 establece una multa mínima de $5 mil y máxima de $100 millones según el daño ambiental ocasionado.