La Fiscalía Anticorrupción de Atención Primaria ha girado nuevos oficios en otras cuatro instituciones, con el fin de seguir recabando elementos de convicción en el caso que investiga por las posibles irregularidades en el desembolso de dinero a través del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a federaciones y organizaciones deportivas de todo el país.
Las autoridades han pedido la colaboración del Registro Público para hacer una inspección ocular con el fin de obtener certificación de existencia de las sociedades Moda Deporte DP, Dutary Sport y Nikys Corp.
De igual manera, se ha solicitado información al Ministerio de Comercio e Industrias para, entre otras cosas, tener detalles del aviso de operación de cada una de las empresas señaladas.
La fiscalía también realiza inspección ocular en la Dirección General de Ingresos para verificar si las compañías señaladas se encuentran al día en el pago del impuesto sobre la renta y quiénes figuran como representantes legales.
Al Registro Civil se solicitó información sobre documentación de nacimiento de personas a las que se menciona en la investigación.
Por otra parte, 11 diputados oficialistas y de oposición han sido denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión del delito de peculado, por la presuntas irregularidades en la transferencia de dinero a través de Pandeportes a federaciones y organizaciones deportivas de todo el país.
La acción legal presentada por el precandidato presidencial por la libre postulación Ricardo Lombana alcanza a los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, Javier Ortega, Alfredo Pérez, Iván Picota, Zulay Rodríguez y Néstor Guardia; del Partido Panameñista Adolfo Valderrama y Katleen Levy; y de Cambio Democrático Carlos Afú y Juan Poveda.
Junto al documento de la denuncia, Lombana presentó como evidencia un bate de béisbol por valor de 90 dólares, cotizaciones y publicaciones del diario La Prensa autenticadas.
En una auditoría preliminar que la Contraloría General de la República entregó el pasado miércoles a la Fiscalía Anticorrupción, el documento destaca que más de $9 millones “no fueron sustentados”.
El informe abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de julio de 2018. Se evidencia omisión de informes y falta de controles administrativos.