La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó al Juzgado Tercero Penal que abra causa criminal al exministro de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima y al empresario Jack Btesh por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, como parte de la investigación relacionada con concesiones otorgadas en los duty free del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La petición del fiscal Adecio Mojica se incluye en las conclusiones de la investigación, remitidas al juzgado el 28 de febrero pasado.
La investigación de este caso se inició en julio de 2017, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó una posible lesión patrimonial al Estado de $3.2 millones, tras supuestas irregularidades en una concesión para los duty free en la terminal aérea.
Las pesquisas detallan que Tocumen, S.A., empresa que regenta el aeropuerto, asignó a la empresa Tequendama, S.A. –filial del grupo Ben Btesh– un espacio para operar un duty free, pero luego dicha compañía segregó la concesión y la cedió a Flying Retail Inc., con un canon inferior al establecido en el contrato y sin haber participado en una licitación pública.
En esa época, De Lima era titular del MEF, presidía la junta directiva de Tocumen S.A. y era el responsable de la adjudicación de las concesiones en esa terminal aérea, según la fiscalía.
Como parte de esta investigación, De Lima tiene una medida cautelar de impedimento de salida del país.
No obstante, el exministro permanece detenido en la cárcel El Renacer por otro proceso.
Se trata de la investigación que adelanta la fiscal anticorrupción de descarga Lizzi Bonilla en relación con un informe de auditoría de la Contraloría, que determinó que el aeropuerto de Tocumen dejó de recibir $1.9 millones entre octubre de 2011 y julio de 2014, producto del contrato directo otorgado a Sky Parking, S.A. –vinculada a Gabriel Gaby Btesh– para el mantenimiento de los estacionamientos en la terminal aérea.
De Lima también es investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht.
En este caso, el pleno de la Corte Suprema de Justicia le concedió un habeas corpus el 28 de diciembre pasado, quedando con impedimento de salida del país.