La Fiscalía de Cuentas abrió una investigación tras detectarse una posible lesión patrimonial al Estado en un acuerdo de consultoría suscrito en 2012 por la Secretaría de Ciencias y Tecnología (Senacyt) para la elaboración de un estudio de factibilidad del proyecto “Panamá Research Institute of Science and Medicine” (PRISM), y por el cual presuntamente el Estado pagó dos veces y desembolsó de manera injustificada la suma de $250 mil.
El examen, practicado por la Contraloría General de la República, determinó que el 28 de marzo de 2012, directivos de Senacyt suscribieron un acuerdo para la elaboración del citado estudio, que incluía la construcción de tres edificios ubicados en la Ciudad del Saber, los cuales albergarían el proyecto PRISM.
El grupo de auditores concluyó que el estudio de factibilidad no era necesario, debido a que el proyecto PRISM de Senacyt ya había sido previamente licitado, entregada su orden de proceder e iniciada la ejecución de la obra por otra empresa.
Las empresas beneficiarias del presunto pago irregular son Grupo Corcione, del directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Nicolás Corcione, quien construyó los edificios por $20.8 millones, e Inversiones Carmanace.
Según la auditoría de la Contraloría, “ no hay evidencia de la presentación del informe preliminar por parte de la empresa, documento estipulado en el contrato para que se efectuara el primer pago por $125 mil, aun así se realizó”.
Otra de las irregularidades, señala la auditoría, es que el informe presentado por la empresa no contaba con la firma del profesional idóneo que lo sustentara ni mostraba fecha exacta en que fue recibido a satisfacción por parte de Senacyt. Pese a esta anomalía, se cumplió con el segundo pago de $125 mil.
En la esfera judicial, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción investiga este caso en el que ha imputado cargos al exjefe de la Senacyt, Rubén Berrocal, y a Diego Villanueva Martinelli, exdirector de Administración y Finanzas de la misma entidad, primo y sobrino, respectivamente, del exmandatario Ricardo Martinelli.
También se investiga a la representante de Inversiones Carmanace, Carmen Rodríguez Acosta, y al exfuncionario de la Senacyt, Alexander Hernández.
Roberto Moreno, abogado de Corcione, dijo que desconocía este proceso, mientras que Nelson Brandao, defensor de Berrocal, no respondió a las llamadas a su celular.