La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó que los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) pueden ser investigados por la Fiscalía de Cuentas, pero antes de imponer medidas cautelares o patrimoniales sobre sus bienes debe remitirlas a esa corporación, para que sean evaluadas por los magistrados.
La decisión está contenida en un fallo del pleno de la Corte, por medio del cual este devolvió a la Fiscalía de Cuentas las sumarias seguidas al diputado del Parlacen Dorindo Cortez por presuntas anomalías en el manejo de fondos de la Fundación Universidad de Panamá.
La Fiscalía de Cuentas había enviado a la Corte la investigación a Cortez por considerar que, al ser diputado del Parlacen, correspondía al pleno adelantar la investigación.
Sin embargo, en el fallo, con ponencia del magistrado Harry Díaz, se detalla que la jurisdicción de cuentas tiene un fin distinto a cualquier acto de la jurisdicción penal, y que su base es investigar y juzgar a los empleados y agentes por el manejo irregular de fondos o bienes públicos, en procura de recuperarlos.
En el caso de Cortez, se le atribuyen conductas relacionadas con posibles lesiones a los fondos de la Universidad de Panamá, anomalías que Cortez ha negado.
Por otro lado, ayer se conoció que el Tribunal de Cuentas puso fuera de comercio bienes valorados en $200 mil propiedad del diputado Héctor Carrasquilla, dentro de un proceso en esa jurisdicción.