La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que investiga el supuesto fraude en el pago de la cuota obrero patronal a través del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) imputó a 5 personas y pactó acuerdos con otras 10, quienes están dispuestas a devolver el dinero que dejaron de reportar a la entidad de seguridad social.
Fuentes del Ministerio Público informaron, además, que diariamente la fiscalía realiza entrevistas a extranjeros que se afiliaron de manera ilegal, y solicitó audiencias para hacer nuevas imputaciones.
También explicó que a la fecha se han hecho acercamientos con las partes en 10 carpetas distintas para posibles acuerdos, que incluye restitución del monto de dinero cuantificado en las auditorías.
La fuente destacó que la semana pasada se hizo una audiencia en la que una empresaria asumió la responsabilidad y pagó a la CSS 759 dólares que había dejado de reportar, según las auditorías.
Además, la fiscalía tiene proyectado diligencias en el interior del país por dos carpetas puntuales en las que se requiere hacer entrevistas a un grupo de trabajadores.
En ese sentido relató que logró la colaboración de personas que han brindado información fundamental para las investigaciones que han permitido abrir nuevas diligencias sobre irregularidades en la filiación de personal por parte de la CSS.
Explicó que entre abril y mayo se recibieron nuevas querellas por parte de la CSS, por modificación a las planillas, lo que podría aumentar el número de personas bajo investigación.
Esta investigación se inició en mayo de 2018, cuando el entonces director de la CSS, Alfredo Martiz, presentó ante el Ministerio Público una denuncia tras detectar una serie de irregularidades en el sistema de filiación de esa entidad.
Tras la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio realizó en junio de 218 inspecciones en las secciones de ingresos, planilla e inscripciones de la CSS a fin de ubicar los nombres de las empresas que se habrían beneficiado con la alteración del SIPE.
También se desarrollaron diligencias en la Dirección General de Ingresos a fin de verificar el posible desfalco realizado por los empleadores.
Hasta ahora la investigación de la fiscalía ha arrojado una lesión patrimonial por la suma de $804 mil, pero no se descarta que esta cifra pueda aumentar, pues aún se está a la espera de nuevas denuncias y la práctica de otras diligencias.