La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó a la Contraloría General de la República auditar los fondos destinados por la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales y la Tesorería de la Asamblea Nacional (AN) para la contratación de personal por servicios profesionales.
Además, la fiscalía solicitó una revisión de los fondos designados a donaciones económicas para cubrir gastos del hogar y ayudas que, al parecer, no fueron entregadas a sus destinatarios o que estos solo recibieron un pequeño porcentaje.
La Contraloría realizó entre marzo y mayo de este año una auditoría a las donaciones y planilla de servicios profesionales de la AN, cuyos resultados no han sido entregados.
La fiscalía investiga el uso de estos fondos a partir de una denuncia presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, impulsada por publicaciones de este diario, que revelaron que desde julio de 2014 hasta el 3 de marzo de 2017, la AN desembolsó $14 millones en donaciones que en la mayoría de los casos no fueron entregadas a los beneficiarios originales; y $68 millones en contratos por servicios profesionales –que mayormente no se realizaron– entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
En la denuncia, la fundación solicitó investigar a cinco funcionarios de la AN y a uno del Municipio de Santiago de Veraguas, que se cree gestionaron las donaciones y los contratos por servicios profesionales.