La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó un fallo del Primer Tribunal Superior que concedió al Ministerio Público cuatro meses de prórroga para concluir la investigación relacionada con un presunto peculado en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP) a través del arrendamiento de tierras en Tocumen.
En el fallo, la CSJ ordenó al Primer Tribunal que admita un amparo de garantías constitucionales presentado por la firma Morgan & Morgan, en representación de la Corporación Westminster S.A., que objetó la decisión del Juzgado Tercero Penal de conceder la prórroga a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para concluir las investigaciones.
El magistrado Cecilio Cedalise, ponente del fallo, concluyó que la no admisión del amparo por el Primer Tribunal de Justicia invoca posibles afectaciones al debido proceso.
Tras la decisión de la CSJ, el tribunal debe estudiar a fondo el amparo y decidir.
El caso
La fiscalía abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratos suscritos por la UP durante la rectoría de Gustavo García de Paredes para el arrendamiento de tierras en Tocumen, luego de que la Contraloría General de la República hizo una auditoría que calculó en $1.2 millones una posible lesión al patrimonio de la UP por el alquiler de 2.9 hectáreas a la Corporación Westminster S.A.
García de Paredes enfrenta otros procesos por presuntas anomalías en el alquiler de 42 hectáreas de tierras al Parque Industrial y Corporativo del Sur; y otras 21 hectáreas al Consorcio Pacífico Atlántico.