Este medio tuvo acceso a la providencia que dictó, en abril pasado, la Fiscalía Sexta Anticorrupción con relación a la investigación sobre la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS) tras la firma de un contrato para la instalación de un software de $14.5 millones, conocido como ‘programa Safiro’.
El fiscal Aurelio Vásquez ordenó la indagatoria de al menos 14 personas entre funcionarios de la CSS, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y particulares por su presunta vinculación a la supuesta comisión del delito investigado.
providencia e indagatoria
Fuentes del derecho consultadas por este diario explicaron que la providencia es una resolución emitida por autoridad competente en la cual se ordena la realización de un trámite, mientras que la indagatoria es la declaración que se le toma al procesado o imputado sin que esté bajo juramento. La providencia de indagatoria es la resolución por medio de la cual se ordena hacer una indagatoria. La providencia es la orden, y la indagatoria es el acto que cumple con dicha orden.
responsabilidades
El fiscal señala en su providencia las supuestas responsabilidades de cada uno de los exfuncionarios y particulares en el referido contrato. A Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la CSS, se le señala como el “encargado de ejercer la correcta administración de la institución”. De Carlos Tasón, exdirector de Innovación y Transformación de la CSS, se indica que “no cumplió con solicitar” a la AIG concepto favorable de los pliegos del contrato.
Mientras que a Carlos García, excotizador de la CSS, encargado del acto público desde su origen, se le vincula por la supuesta falta de cumplimiento de deberes y obligaciones con respecto a la convocatoria del acto público. A Ely Brokamp, exjefa de Contabilidad de la CSS, se le señala por la presunta falta de evaluación y seguimiento oportuno en cuanto a la funcionalidad del proyecto Safiro.
A Levis Arcia, exsupervisor de Compras de la CSS, se le atribuye supuestas faltas en sus deberes de servidor público. En tanto, a Alberto Toledano, exdirector de Finanzas de la CSS, se le vincula por supuesta falta de evaluación y seguimiento del proyecto Safiro.
Además, está Alison García, ex coordinadora administrativa de la CSS. La fiscalía señala que supuestamente García no verificó la entrega correcta de lo que establecía el contrato.
A Sergio Suárez, ex director nacional de Innovación de la CSS, se le relaciona por que supuestamente no cumplió con leyes y reglamentos para evitar la afectación al patrimonio del Estado.
Yadira Gómez de Escobar, exdirectora de Recursos Humanos de la CSS, es imputada por la supuesta falta de seguimiento oportuno al proyecto. Alexis González, excolaborador de la CSS, es mencionado en la providencia por su “inobservancia del deber ciudadano”.
Se señala a Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, por ser el responsable directo de la aprobación del contrato. A René Jethmal, excoordinador del Gobierno Digital de la AIG, se le vincula porque supuestamente avaló la solicitud para la aprobación del software a la CSS.
Entre los particulares, se identifica a Heraclio Bustamante, representante de True Marketing, que según declaración jurada rendida ante la fiscalía por el agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) Stuart Robinson, habría pagado el 1% del contrato a Jaén en concepto de soborno.
El 22 de agosto pasado en ampliación de su indagatoria, Jaén aceptó que recibió un soborno de $120 mil.
El fiscal menciona a Vicente García, exvicepresidente de SAP, por los supuestos sobornos que habría pagado a funcionarios panameños. García, en abril de 2015, se declaró confeso ante un juez federal de Estados Unidos.
También, incluye a Mauricio Deveaux, representante de Advanced Consulting, porque habría pagado 10% del contrato a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.
Señala la providencia que Mizrachi, valiéndose de su influencia en la Presidencia de la República, prometió a García la aprobación del contrato. Con relación a esa vinculación a la que hizo referencia este medio en publicaciones anteriores, Analida Martinelli, pareja sentimental de Mizrachi, remitió un correo en el que rechazó las aseveraciones (ver relacionada).