La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió al Juzgado Quinto Penal calificar como causa compleja la investigación por presuntas anomalías en el manejo de fondos públicos a través de juntas comunales, lo que le permitiría prorrogar el plazo para terminar las pesquisas.
La petición de la fiscalía está contenida en una resolución del 31 de enero pasado, publicada en el mural de edictos del juzgado, a cargo de Enrique Paniza.
A través del edicto, se dio aviso a las partes involucradas en el caso para que emitan su opinión respecto a la solicitud de la fiscalía.
La fiscalía sustentó la petición con base en la Ley 121 de diciembre de 2013, contra la delincuencia organizada, específicamente en el artículo 3, que dice: “Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Público determine, de acuerdo con la presente ley y las normas internacionales vigentes, que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, el fiscal competente solicitará ante el juez de garantías o el tribunal competente la aplicación del procedimiento de tramitación compleja”.
El fiscal anticorrupción que instruye el expediente, Adecio Mojica, ya ordenó la indagatoria de 18 personas, presuntamente vinculadas con irregularidades en transferencias efectuadas a juntas comunales entre los años 2009 y 2014, de fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas a diputados.
Entre los sospechosos figuran exdiputados, alcaldes y concejales que manejaron las transferencias.
El 12 de marzo de 2018, tras recibir las auditorías de la Contraloría General de la República sobre las juntas comunales, la fiscalía pidió la reapertura del caso.
El 3 de agosto del mismo año, el Juzgado Quinto Penal ordenó la reapertura del proceso para 29 juntas comunales correspondientes a la provincia de Panamá.