La Contraloría General de la República inició ayer un proceso de auditoría interna en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) a la vez que suspendió provisionalmente a los dos jefes de fiscalización asignados a esa entidad.
El contralor Federico Humbert explicó que la suspensión de los fiscalizadores se da por irregularidades en las órdenes de compras y contratos que aprobaron.
Los funcionarios suspendidos, según una fuente del PAN, fueron el jefe de Fiscalización Externa de la Contraloría, Edgardo Chanis, y la jefa de fiscalización del PAN, Lilinett Salazar.
El contralor, Federico Humbert, aseguró que no permitirá que ningún funcionario afecte la imagen de la entidad.
Dos fiscalizadores de la Contraloría General de la República fueron suspendidos de sus cargos provisionalmente, mientras son investigados por autorizar órdenes de compras de forma irregular en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno pasado.
Se trata del jefe de fiscalización externa de la Contraloría, Edgardo Chanis; y de la coordinadora de fiscalización externa de la entidad asignada al PAN, Lilinett Salazar Him, confirmó una fuente cercana al programa.
Chanis trabaja en la Contraloría desde el 16 de febrero de 1977 y devenga un salario mensual de $3 mil 204. Mientras, Salazar entró a la entidad el 16 de marzo de 1995 y gana mensualmente mil 786 dólares.
EL PROCESO
La investigación guarda relación con los contratos que fueron refrendados por dichos funcionarios en el PAN durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
El contralor general, Federico Humbert, confirmó la suspensión y la investigación, toda vez que es una “responsabilidad de la Contraloría fiscalizar el manejo de todos los fondos del Estado sin importar banderías políticas, puestos o jerarquías, o el momento en que ocurrieron los manejos de los mismos”.
“Todo funcionario de esta institución debe ser responsable de sus actos (...) la Contraloría no solo debe pregonar, sino también actuar y en esta ocasión abriendo estos procesos y suspendiendo a estos funcionarios, estamos actuando con el ejemplo, ejemplo que esperamos sea imitado por todas las instituciones del Estado”, agregó Humbert.
La Contraloría iniciará las auditorías correspondientes y, al respecto, el contralor dijo que “nos corresponde hacer auditorías hacia afuera, pero también es importante hacerlas hacia adentro de esta institución”.
Humbert advirtió que no permitirán que acciones de algunos individuos empañen la imagen del resto de los miembros de esta institución.
LAS SOSPECHAS
El contralor solicitó un análisis al Sistema de Seguimiento y Fiscalización de Documentos de la Contraloría, que reveló que “el jefe y el coordinador de Fiscalización en el PAN refrendaron órdenes de compra en las que es evidente la coincidencia entre el objeto de la orden de compra, el proveedor y las fechas en que fueron aprobadas”.
La Contraloría conformó un comité que investigará este caso, el cual tendrá un término de 30 días hábiles para rendir un informe al contralor Humbert.
Según una fuente allegada a las investigaciones, además del proceso interno y la auditoría se nombró una comisión disciplinaria para que analice los hallazgos encontrados.
Humbert garantizó que las investigaciones de los funcionarios se llevarán a cabo en el marco de la integridad y la legalidad, y queen consecuencia debe servir de referencia para las actuaciones presentes y futuras de todo servidor público de la Contraloría.
El Código de Ética de la Contraloría enfatiza que los funcionarios de esta entidad están obligados a comprometerse con la institución y a salvaguardar el patrimonio público.
CHANIS Y EL ‘CALL CENTER’
Chanis habría autorizado cuatro contratos por $36 mil, que otorgó el Órgano Legislativo a Giancarlo Terán, quien a pocos días de las elecciones del 4 de mayo de 2014 denunció la existencia de varios centros de llamadas (call centers) operados por Cambio Democrático (CD) y pagados con recursos del Estado, para respaldar al candidato presidencial de ese partido en la pasada campaña, José Domingo Arias.
Lilinett Salazar Him era la que aprobaba directamente y plasmaba la autorización de los refrendos a los contratos y órdenes de compra del PAN (ver facsímil).
LAS COMPRAS MILLONARIAS EN EL PAN
El PAN gastó más de $1,200 millones en contratos y compras en cuatro años y medio durante el gobierno pasado, según denunció su actual director, Rafael Stanziola.
Los pagos se dirigieron, principalmente, a empresas creadas en los últimos años y algunas vinculadas a miembros del partido CD.
A las compañías favorecidas no solo se le adelantaron pagos sin haber iniciado o concluido las obras, sino que, ante su insolvencia, se llegaron a mutuos acuerdos para que no se les cobrara la fianza de cumplimiento en perjuicio de las arcas del Estado.
Muchas de ellas –denunció Stanziola– estaban en quiebra o próximas a disolverse; a pesar de ello y de su historial de incumplimientos, se les volvía a contratar.
El PAN compró granos de arroz, lentejas, frijoles, juguetes, mochilas, máquinas cortadoras de grama, bolsas de comida, materiales de construcción, electrodomésticos, papelerías, piquetas, sogas, camas dobles y sencillas, estufas, abanicos, máquinas de soldar, entre otros.
Por las irregularidades en el PAN se encuentra detenido en la cárcel La Gran Joya el exdirector Rafael Guardia Jaén , quien dirigió la entidad de julio de 2012 a julio de 2014. Está preso por los cargos de corrupción y peculado.
En declaración indagatoria ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, Guardia Jaén se declaró culpable de los cargos y reveló el modus operandi de los contratos que se aprobaban e incluían pagos de coimas y regalías.
Mientras tanto, el también exjefe del PAN Giacomo Tamburrelli, quien estuvo a cargo de la entidad entre 2009 y 2012, tiene medida cautelar de casa por cárcel por delitos contra la administración pública.
