Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa emergió de las cenizas con el propósito firme de que aquellos horrores no volvieran a repetirse. Una de las ideas para lograrlo era fomentar la unidad entre los países del continente.
Así, en abril de 1951, Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo instauraron la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.
Seis años más tarde, en 1957, este grupo de países fundarían la llamada Comunidad Económica Europea (CEE) y a Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
El Reino Unido, hasta entonces renuente a entrar en la unión, presentó en 1961 la candidatura del país para ingresar a la CEE. No obstante, en 1963 la petición del Reino Unido se enfrentó a la oposición del presidente francés Charles De Gaulle, quien alegaba que Londres representaba a una nación insular, muy distinta de sus socios continentales y que acaso sería “un caballo de Troya” de los intereses de Estados Unidos en Europa.
En noviembre de 1967, el primer ministro laborista Harold Wilson solicitó de nuevo la entrada del país, pero De Gaulle volvió a vetar su acceso.
Londres tendría que esperar hasta 1973 para ingresar a la CEE junto con Dinamarca e Irlanda.
Dos años más tarde, en junio de 1975, se convocaría un referéndum para conocer la opinión de los británicos sobre la CEE. El sí ganó con 67% de los votos.
En julio de 1978, el acuerdo para crear un Sistema Monetario Europeo, a partir del año siguiente, fue rechazado por el Reino Unido. Para agosto de 1984, la primera ministra Margaret Thatcher logró negociar que el ente europeo devolviera cada año una parte de sus aportaciones al país, pues, según la ‘dama de hierro’, los aportes británicos a la CEE eran mayores al beneficio obtenido.
Con la firma del Tratado de Maastrich, en 1992, que estableció la unión económica y monetaria, Londres logró una excepción para quedar fuera del Euro.
En 1995, empezó a regir el tratado de Schengen que suprimía las fronteras terrestres entre los países de la Unión Europea (UE). Reino Unido e Irlanda no lo secundaron.
El 1 de noviembre de 1993, nació oficialmente la UE.
No sería sino hasta 2002, cuando el euro entraría en circulación en 12 de los 15 países miembros.
El 29 de octubre de 2004, los Veinticinco –miembros de la UE– firmaron en Roma el tratado que establecía una Constitución para Europa.
En mayo de 2005, los franceses rechazaron la Constitución en referéndum, y en junio los holandeses hicieron lo propio, provocando que el Reino Unido cancelara su referéndum.
Para diciembre de 2011, el Reino Unido resultó ser el único país de la UE opuesto al pacto para reforzar la disciplina fiscal y frenar la crisis económica en la eurozona.
En marzo de 2012, los países de la UE, menos el Reino Unido y la República Checa, firmaron el Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.
En enero de 2013, el primer ministro británico, David Cameron, anunció que convocaría un plebiscito sobre la permanencia del país en la UE de resultar reelegido en 2015.
Entre tanto, en casa, los eurófobos ganaban espacios políticos y tribuna.
El 7 de mayo de 2015, Cameron ganó las elecciones y se vio obligado a cumplir su promesa.
El 24 de junio de este año, los británicos votaron en referéndum su salida de la Unión Europea.
La decisión provocó la caída de Cameron y el ascenso, en su lugar, de Theresa May, hasta entonces su ministra del Interior.
La desconexión deberá ser efectiva en 2017. El gobierno de May maniobra para que el proceso no sea traumático.
(Con servicios internacionales).
Una salida con dificultades
La sorpresa, las acusaciones, el auge del populismo y el resurgir de una derecha nacionalista xenófoba a ambos lados del Atlántico –que parece confirmado con la elección de Donald Trump en Estados Unidos–, forman parte del ambiente en el que se ha incubado la salida del Reino Unido de la Unión Europea o brexit, como ha dado en llamársele.
Pero esta “desconexión” no está siendo tan sencilla. Un inicial desplome en las bolsas y la libra esterlina y los llamados de rebeldía o secesión de Escocia, que votó mayoritariamente por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, han condimentado un rudo debate a lo interno del país.
La justicia parece haber concedido la razón a quienes piden forzar una votación en el parlamento antes de invocar el artículo 50, que formaliza la desconexión.
Los parlamentarios podrían votar “No” y complicar o incluso frustrar la salida del Reino Unido, de acuerdo con analistas.