Funcionarios universitarios defenderán su bonificación

El Consejo General Universitario acordó mandar una nota de protesta a la Corte Suprema de Justicia con copia a la Contraloría.

Funcionarios universitarios defenderán su bonificación
Algunas aulas del centro carecen de cielorrasos, iluminación y acondicionadores de aire.

El polémico bono por antigüedad, cuyo valor fue incrementado seis días antes de las elecciones de la Universidad de Panamá (UP), tiene a las autoridades enfrentadas.

Luego de que el contralor Federico Humbert lo calificara como “incorrecto, ilegal y una gran sinvergüenzura”, y que solicitara su nulidad, las autoridades universitarias convocaron al Consejo General Universitario —máximo órgano de cogobierno de la UP— para defenderlo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Miguel Ángel Candanedo, secretario general de la UP, aseguró que la Dirección de Asesoría Legal prepara un documento con los antecedentes de los diferentes bonos existentes en las instituciones estatales, como por ejemplo, en la Contraloría General de la República (CGR). Igualmente, se emitirá una nota de protesta contra Humbert, por los “improperios y calificativos insultantes contra los profesores y administrativos”.

El documento que preparan está dirigido a la CSJ, con copia a la CGR, como resultado del consejo de este martes, dijo Candanedo, quien adelantó sobre posibles movilizaciones de profesores y administrativos.

La bonificación, que premia la antigüedad de los académicos que se retiren a los 75 años, fue un nuevo artículo a los estatutos universitarios, incluido en 2008 durante el cuarto periodo del rector Gustavo García de Paredes, y otorgaba hasta 10 meses de salario a quienes tuvieran más de 25 años de servicio.

El reciente incremento pactó hasta 15 meses de bonificación salarial para quienes tengan 30 o más años de trabajo. A su vez, aprobaron otro similar para los administrativos.

Realidad universitaria

En múltiples ocasiones, García de Paredes se ha quejado de la falta de recursos para la Universidad. No obstante, Candanedo afirmó que estos bonos sí son cónsonos con la realidad económica de la UP, que se debe pagar como en otras universidades estatales; y que será la CSJ el ente competente para calificar su legalidad.

“No incrementa el presupuesto de la Universidad, puesto que se paga de las mismas partidas de los profesores, de tal manera que durante 10 o 15 meses no se nombrara a otro profesor y se utilizará la partida que está en el presupuesto”, detalló Candanedo.

Indicó que se acordó convocar a otro Consejo General Universitario en las próximas semanas e invitar al rector electo, Eduardo Flores, cuya administración se inicia en octubre próximo.

Consultado al respecto, Flores manifestó que no está de acuerdo con que se considere el salario del académico por ser autoridad, sino que se le bonifique como profesor.

García de Paredes, principal beneficiado con la medida y a quien le aplicarían los 15 meses de bonificación de sus mejores salarios, no respondió las preguntas de La Prensa.

La Contraloría no se volvió a pronunciar al respecto.


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