La Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero) solicitó ayer al Instituto de la Mujer (Inamu) y al Ministerio de Gobierno la implementación de los brazaletes electrónicos, como reemplazo de la boleta de protección que se utiliza en los casos de violencia doméstica.
El uso de este brazalete, como medida de protección, está contemplado en la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia a las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio, así como en la Ley 63 de 2008, que adopta el Código Procesal Penal. Sin embargo, no ha sido implementado en el país.
Código Penal
Gilma De Léon, presidenta de Fundagénero, manifestó que proponen solucionar de una manera “económica” y con el uso de la “tecnología más avanzada”, la mora en la aplicación de esta medida. “Esta propuesta permite a las autoridades, desde una estación de monitoreo, a través del uso de la tecnología satelital –en un rango de cinco segundos–, intervenir y salvaguardar la integridad física y la vida de la víctima, para prevenir y erradicar el feminicidio”, dijo De León.
Explicó que la puesta en marcha de los brazaletes solo costaría al Estado $3 millones, lo que, a su juicio , es nada en comparación con la vida de un ser humano.
“La empresa que se encargue de vender los brazaletes al Estado debe tener una comprobada experiencia, eficacia y eficiencia a nivel internacional, ya que se busca una pronta respuesta para salvar una vida”, acotó.
La Ley 63 de 2008 señala que si el presunto agresor se aproxima a menos de 200 metros se ordenará su detención provisional hasta por 30 días.
Liriola Leoteau, directora del Inamu, manifestó que la solicitud de Fundagénero “va a ser discutida ampliamente por las autoridades correspondientes”.
Hasta julio pasado se habían registrado dos casos más de violencia doméstica que en igual período de 2018, cuando hubo 18 mil 611, según datos del Ministerio Público.