El G-20 llamó a levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y a sancionar a los países que no cooperen para lograr mayor transparencia global. “Mejorar la transparencia de los verdaderos propietarios (...) es vital para proteger la integridad del sistema financiero internacional”, indicó.
En algunos países y territorios se crean actualmente compañías sin revelar la verdadera identidad de sus dueños, lo que complica la investigación sobre evasión fiscal y afecta, a menor escala, según el Banco Mundial, la lucha contra la pobreza.
Como remedio, el G-20 de Finanzas espera recibir hasta octubre “propuestas iniciales” que ofrecerían a los países un mejor acceso a la información sobre los verdaderos dueños de las entidades, con la posibilidad de “intercambiarla”.
El foro de las naciones desarrolladas y las potencias emergentes llamó también a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a identificar de aquí a julio los países con jurisdicciones opacas que se niegan a cooperar con la comunidad internacional.
“Medidas defensivas serán consideradas por los miembros del G-20 contra jurisdicciones que no cooperen”, dijeron los ministros reunidos en Washington.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dijo que la comunidad mundial arrastra “un rezago” en la lucha contra la evasión fiscal e insistió en que “hay esfuerzos que se tienen que llevar a cabo en América Latina” y en otras regiones como Europa.
Las principales economías mundiales agrupadas en el G20 reaccionaron ayer a una solicitud presentada un día antes por las cinco mayores economías europeas –Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia (G5)– y exigieron una lista negra de países no cooperativos e identificar, so pena de sanciones, a quienes se esconden en sociedades offshore.
En un proyecto de declaración del G20 al que la AFP tuvo acceso, los ministros de Economía de los países del grupo habrían expresado su decisión de tener completa para julio de este año una lista de “jurisdicciones que no cooperen con relación a la transparencia fiscal”, en un claro mensaje a países no cooperativos. “Medidas defensivas serán consideradas por los miembros del G20 contra jurisdicciones que no cooperen”, se lee en el documento.
El G5 pidió formalmente el jueves –en una carta– a los ministros de Finanzas del G20 adoptar esta posición.
Se trata de la más fuerte reacción hasta el momento a la divulgación de la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), luego de que el periódico alemán Süddeutsche Zeitung tuviera acceso a información acumulada en unos 11.5 millones de documentos repartidos en 21 jurisdicciones offshores creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca.
La reunión ministerial del G20, que incluye a México, Brasil y Argentina, transcurría en paralelo a la asamblea del Fondo Monetario Internacional en Washington.
El documento al que AFP tuvo acceso mencionaría claramente que para el G20 “mejorar la transparencia” de las empresas offshore es “vital para proteger la integridad del sistema financiero internacional”. También, constituiría un elemento fundamental para prevenir el uso de esos mecanismos para “corrupción, evasión fiscal, financiamiento de actividades terroristas y lavado de dinero”.
Antes, el comisario europeo, Pierre Moscovici, habría dicho durante una pausa de la reunión del G20 que la investigación global creó“una onda de choque que constituye una circunstancia favorable para avanzar”.
Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, habría afirmado que espera que “rápidamente todos los países europeos se unan y pronto haremos presión para elevar la propuesta a una escala global”.
DIMITE MINISTRO
La investigación se cobró otra víctima ayer, con la renuncia del ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, cuyo nombre había aparecido en las filtraciones.
Soria dimitió reconociendo haber cometido “errores” tras la aparición de su nombre en la investigación global y desatando la exigencia de explicaciones al jefe del gobierno conservador Mariano Rajoy. Sin embargo, aseguró que esto no implica el reconocimiento de ninguna actividad ilícita.
Soria, muy criticado por su gestión ministerial en cuestiones energéticas y medioambientales, reconocióúnicamente “los errores cometidos a lo largo de los últimos días” en sus contradictorias explicaciones públicas. Para justificarlas aludió“a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años”. Además, se trata de “actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995”, subrayó. Sin embargo, en 2002 era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, capital del archipiélago y su ciudad natal, desde hacía siete años.
El lunes se había mostrado sorprendido e indignado tras aparecer su nombre relacionado con una empresa en Bahamas. Desmintió la noticia y pidió una investigación. El martes apareció como secretario de la firma UK Lines registrada en el Reino Unido, lo que volvió a atribuir a un “nuevo error”. Sin embargo, la publicación de un documento mercantil británico que demostraba lo contrario, le obligó a admitir, un día después, que la compañía había sido fundada por su padre. Aseguró, no obstante, no haber participado nunca en ella. Esto también fue desmentido por la reproducción posterior de un acta de la empresa con su firma, al tiempo que varios medios afirmaban que Soria había sido hasta 2002 administrador de una empresa ubicada en Jersey, una zona británica con una jurisdicción opaca.
SIP REACCIONA
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el acoso gubernamental del que han sido objeto los periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación global, indica un comunicado.
“Responsabilizamos al presidente [Rafael] Correa por la integridad física de los periodistas y por su continua política de intimidación”, manifestó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, citado en la nota de prensa.
“Esta es una situación muy peligrosa y pone en gran riesgo a los periodistas a los que de manera solapada se señala como ‘culpables’ de una situación de la que tan solo son los mensajeros”, añadió.
Correa publicó el 12 de abril en Twitter los nombres y las cuentas de redes sociales de cinco de los seis periodistas que participaron en la investigación, y exhortó a que les enviaran mensajes.
“Algunos de los periodistas han denunciado que en sus cuentas han recibido insultos e incluso la publicación de fotos con familiares, incluyendo hijos menores de edad”, con el fin de “amedrentar”, denunció la SIP.
El organismo que reúne a dueños de medios también cuestionó que en Venezuela medios oficialistas descalificaron y arremetieron contra periodistas que colaboraron en la investigación.