El Consejo de Gabinete aprobó ayer un proyecto de ley que restablece la vigencia de la Ley 2 de 1994 y de la Ley 4 de 2005, concernientes a la participación de Panamá en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En enero pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley impulsada por el presidente, Ricardo Martinelli, en 2010 (en alianza con el Partido Panameñista y su presidente, Juan Carlos Varela) para sacar a Panamá del Parlacen por considerar el organismo una “cueva de ladrones”. De hecho, esta fue una promesa de Martinelli en su campaña política.
La demanda de inconstitucionalidad había sido presentada por el abogado Julio Berríos contra la Ley No. 78 del 11 de diciembre de 2009, que sacó a Panamá del Parlacen.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux, será quien presente el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, luego de explicar la necesidad de cumplir con lo que ordenó el fallo de la Corte Suprema.
En días pasados, el presidente del Parlacen, Manolo Pichardo, juramentó a Irving Centeno y David Arce, ambos diputados al Parlacen por Cambio Democrático (CD). Según Manuel Bermúdez, diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático en el Parlacen, para que se diera la juramentación de los diputados de CD, se negoció el pago de 3.7 millones de dólares que adeudaba Panamá, luego de salir del organismo el pasado 24 de noviembre de 2010.
6 millones para sede del tribunal electoral
Por otro lado, el Gabinete autorizó un crédito adicional al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2012, con asignación a favor del Tribunal Electoral, hasta por la suma de 6 millones de dólares.
Dicho crédito, según lo sustentado por el viceministro de Economía y Finanzas, Omar Castillo, tiene como propósito cubrir insuficiencias en las partidas operativas de la institución y cumplir con compromisos contractuales del proyecto de construcción y equipamiento para la nueva sede del Tribunal Electoral.