Giancarlo Terán, uno de los imputados en la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de recursos del Estado para la operación de un call center, en el que se hacía campaña política a favor del partido Cambio Democrático (CD), se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar.
Una fuente judicial confirmó que ayer Terán fue ubicado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la residencia de su madre y llevado a la fiscalía para que rindiera declaración indagatoria por cargos contra la administración pública.
Sin embargo, durante la diligencia Terán se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que “Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La semana pasada, la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, tras formularle cargos, citó a Terán para que rindiera declaración indagatoria, pero este no se presentó, por lo que se giró una orden de conducción.
En este caso, la fiscal Chevalier también formuló cargos contra funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), quienes autorizaron a Terán, a pesar de ser funcionario de esa institución, a fungir como supervisor del call center de CD.
No se informó cuándo deberán comparecer los funcionarios del Mici a rendir indagatoria a ese despacho.
Por otro lado, fuentes del MP explicaron que Terán deberá comparecer a la fiscalía el próximo viernes para cumplir con la diligencia, con la asistencia de un abogado.
La investigación se inició luego de que Terán revelara públicamente que el call center, ubicado en un edificio de la avenida Balboa, funcionaba con fondos de la Asamblea Nacional y que era manejado por la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.