Cuatro meses después del estallido social en manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, Nicaragua sigue sumida en una profunda crisis que nadie parece capaz de atajar.
Los enfrentamientos entre las llamadas fuerzas combinadas -que incluyen policías uniformados y grupos paramilitares- y los ciudadanos, han dejado un reguero de sangre que suma entre 317 y 448 muertos, de acuerdo con cifras de entes humanitarios locales, si bien el Gobierno rebaja esta cantidad a 198 fallecidos.
En este contexto violento, los periodistas que cubren las protestas se han convertido en el objetivo de las agresiones del régimen sandinista.
Represión
El corresponsal del noticiero Acción 10 en la colonial ciudad de Granada, Roberto Collado Urbina, es un ejemplo de ello. El pasado 28 de julio fue brutalmente golpeado por la policía paramilitar mientras cubría una manifestación.
“Cuando les enseñé mi carné de periodista, me apalearon con más fuerza. Caí al suelo sangrando y me condujeron como a un delincuente hasta la estación de policía, donde me quitaron la acreditación de prensa y el celular. También me pidieron que les dejara el material que había grabado”, explica en conversación con este periódico.
Fruto de la salvaje paliza, tuvo que ser sometido a una cirugía. Roberto está convencido de que fue un ataque deliberado contra él por ser periodista.
“Están tratando de criminalizar el ejercicio del periodista independiente. Me han amenazado por estar reportando lo que sucede en las calles y tengo un gran temor de regresar a las calles, porque no sé cuándo vendrá la Policía y me acusará de un delito que no he cometido o comenzará a golpearme de nuevo”, detalla.
La violencia es el signo más despiadado del asedio que sufren los medios de comunicación en Nicaragua, pero el gobierno sandinista tiene otros métodos de censura menos visibles, como ataques cibernéticos en las páginas web o cortes en la señal de los canales de televisión.
El canal 100% Noticias fue uno de los más afectados por la orden de Telcor, la empresa estatal reguladora de las telecomunicaciones, de cortar la emisión en abierto sin explicaciones.
El periódico La Prensa de Nicaragua se ha convertido en otro blanco de represión.
“Ortega ve a los medios de comunicación no oficialistas como enemigos. Estamos como en los tiempos de la esclavitud: el que habla mal del gobierno o dice lo que está pasando lo pueden hasta matar”, manifiesta Lucía Vargas Calderón, corresponsal del diario La Prensa en Granada.
La periodista denuncia que mientras los medios oficialistas tienen acceso a la información y protección de la Policía, el resto son vetados de las instituciones del Estado para impedir que hagan su trabajo.
“Han iniciado una campaña de desprestigio y criminalización de los periodistas independientes para callarnos. Nuestra profesión se ha convertido de riesgo, porque la vida de uno está en peligro todos los días”, agrega.
Varios delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF) visitaron Nicaragua a mediados de agosto para tomar el pulso a la libertad de prensa en el país.
Sus informes son demoledores. “La política represiva del Gobierno contra la prensa se inició desde que Ortega volvió al poder, en 2007, y que se ha incrementado y agravado a través de los años”, concluyeron.
“Hay un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales, y dicha responsabilidad corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno que encabezan el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo”, determinaron.