El Gobierno logró un acuerdo parcial con docentes que brindan sus servicios en las zonas de difícil acceso de la comarca Ngäbe Buglé.
Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó ayer que los educadores presentaron un pliego de peticiones compuesto por 42 puntos, de los cuales se lograron acordar 18. El resto será evaluado de forma paulatina.
Por su parte, Carlos Staff, viceministro de Educación, indicó que como parte de los compromisos se instauró oficialmente una comisión que permitirá dar seguimiento a cada uno de los acuerdos a los que llegaron con los profesionales de la enseñanza.
Staff añadió que también se llegó a un consenso en cuanto a la distribución de alimentos, para abastecer a la población estudiantil en los planteles de esa zona, así como revisar temas laborales, entre esos, el viático y los horarios de clases.
Ambos funcionarios coincidieron en que se está en la disposición de atender las necesidades de este sector, sin embargo, pidió a los educadores que se oponen al acuerdo que no afecten a los estudiantes y vuelvan a las aulas.
DIVISIÓN MAGISTERIAL
Las declaraciones de los funcionarios surgen a raíz de una serie de protestas que se han registrado en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, en contra de las negociaciones que se llevan a cabo en estos momentos.
Domingo Montezuma, vocero de los educadores que se oponen al acuerdo, indicó que los que firmaron no representan a la bases magisteriales de la comarca.
Agregó que hasta que no haya una reunión directamente con ellos, permanecerán en la huelga, que cumple hoy 60 días.
Sobre el tema, Humberto Montero, coordinador de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, que aglutina a los 16 gremios magisteriales del país, rechazó la posición de Montezuma.
Desde su punto de vista, las acciones de los educadores que se resisten a volver a las aulas de clase denota “una actitud mal intencionada”.
Hizo un llamado a que no continúen perjudicando a los estudiantes y los invitó a que se sumen al proceso de diálogo que se inició.
El pacto fue firmado entre las autoridades del Gobierno y los 15 representantes de las áreas de difícil acceso; es decir, 12 educadores, 2 padres de familia y 1 miembro de la sociedad civil organizada de ese sector comarcal.
Datos de los gremios dan cuenta de que son unos 600 los maestros que están en paro, lo que impacta a unos 2 mil alumnos de 100 centros escolares. En todo el país hay 10 mil 360 educadores que trabajan en zonas de difícil acceso.