El Gobierno de México desvió 192 millones de dólares, entre 2013 y 2014, dinero que fue a parar a 128 empresas que no debían recibir recursos públicos, porque se comprobó que no tienen ni la infraestructura ni personería jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
En lo que a todas luces resulta un fraude en contratos ilegales, participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios, de acuerdo con una investigación periodística realizada por el diario digital Animal Político y la agrupación civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
La investigación reveló que la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos son las principales dependencias responsables de este mecanismo, que las autoridades califican de fraude millonario.
El modus operandi consistía en que funcionarios le entregaban los contratos a ocho universidades públicas y estas se los daban a discreción a las empresas.
Sin dar ningún servicio y solo por triangular el dinero, las universidades, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México, cobraron comisiones por un total de 56 millones de dólares.
Este procedimiento fue catalogado por varios sectores como “ilegal”, pero ninguna autoridad tomó cartas en el asunto.
En los años investigados, las universidades firmaron 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron.
Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas, de las cuales, según Animal Político, 11 son fantasmas, 9 presuntamente fantasmas, 44 no tienen antecedentes registrados, 28 aparecen sin dirección, 12 han sido desmanteladas, 8 no existen, 10 no se localizan, 6 la razón social no coincide con servicios y 58 son presuntamente regulares.
El medio indica que en México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. O sea, que la entidad que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la nómina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga.
La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado, pero en algunos casos las empresas no tenían nada que ver con los servicios para los que las contrataban.
A manera de ejemplo, el trabajo investigativo indica que hay un caso en el que se le encargó a una compañía que vende zapatos el “rediseño” del servicio de atención del seguro social de los trabajadores públicos.
Igualmente, se revela que en 2013 el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco firmó un convenio con Petróleos de México (Pemex) para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” por 32 millones de dólares. El centro subcontrató cuatro empresas, dos de las cuales ni siquiera existían. Pero, todas compartían los socios y los representantes legales.
Un reporte del diario El País asegura que este esquema de presuntas corruptelas se inauguró en el gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con el de Peña Nieto.
El PRI, en la mira de opositores
El principal partido conservador de México y un partido de centroizquierda decidieron unir fuerzas y proponer un solo candidato en la contienda presidencial de 2018, aunque hasta ahora están en desacuerdo en el nombre de la alianza. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) llama a la coalición Frente Ciudadano por México. Pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo llama Frente Amplio Democrático.
El líder de los panistas Ricardo Anaya declaró que se están uniendo para acabar con la corrupción y la violencia. Ambos grupos políticos esperan sacar del poder el próximo año al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato a la presidencia por el PRD, también parece un candidato formidable como abanderado de su recién creado partido, Morena.