El Gobierno advirtió ayer que suspenderá los certificados de operación a los transportistas que decidan apoyar el paro convocado para hoy, miércoles 25 de octubre, por la Cámara Nacional de Transporte (Canatra).
La Secretaría de Comunicación del Estado informó a través de un comunicado de prensa que la medida impulsada por la Canatra es “injustificada y solo busca afectar a los usuarios”.
El Gobierno recordó que el artículo 9 de la Ley 42 de octubre 2007, que regula el transporte terrestre público de pasajeros, establece como causal de cancelación del certificado de operación la suspensión total o parcial del servicio sin causa justificada.
En este escenario, la Empresa de Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus) informó que reforzará la prestación del servicio de transporte con más vehículos de Metro Bus, tanto en el distrito de Panamá como en el de San Miguelito.
DIVISIÓN
El llamado a huelga por 24 horas prorrogable que impulsa la Canatra fue debilitado ayer por un grupo de operadores del servicio de transporte del sector de San Miguelito, Panamá este y norte, quienes dijeron que no apoyarán la medida.
Miembros de organizaciones como el Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), el Transporte del Futuro S.A. (Transfusa) y la Cooperativa de San Cristóbal en Chepo, en las que se concentran más de mil 100 vehículos, anunciaron ayer que prestarán el servicio de forma regular.
Tomasito López, dirigente del Sicotrac, manifestó que la convocatoria realizada por los miembros de la Canatra se hizo de forma “unilateral” y para defender “intereses particulares”.
En ese sentido, Martín Franco, secretario general de la Canatra, restó importancia a las declaraciones de López y aseguró que la acción de hoy fue avalada por las bases, luego de varias semanas de conversaciones.
Franco aseguró que la Canatra es respaldada por más de la mitad de los 80 mil operadores de transporte público que hay en el país, incluyendo el transporte selectivo, colegial, de carga y de turismo.
Con la medida de paro, los transportistas exigen al Gobierno la salida de las plataformas tecnológicas, el transporte alternativo y la suspensión de nuevos permisos de circulación.