Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda fueron algunos de los pocos países del hemisferio que ofrecieron ayuda financiera inmediata para afrontar la grave crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El secretario general de la OEA Luis Almagro instruyó ayer a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a elaborar una propuesta de financiamiento que les permita a ambas entidades solventar la grave crisis económica que atraviesan.
“Nuestra idea es pedir a la Corte y la Comisión que presenten a este consejo permanente para su consideración en la próxima asamblea general un proyecto de contribuciones de los países directamente a la Comisión y a la Corte para su sustentabilidad”, dijo Almagro, refiriéndose a la asamblea general que la OEA celebrará en Santo Domingo del 13 al 15 de junio.
“Que se independicen las contribuciones de los países”.
Almagro también se refirió a que varios países del continente —a los que no identificó— aportan más fondos a la Corte Penal Internacional que al sistema interamericano sin tener casos pendientes en el organismo adscrito a la ONU.
El embajador panameño, Jesús Sierra, dijo que la CIDH “puede contar con el respaldo económico de Panamá en esta difícil situación”, pero no precisó monto alguno.
La embajadora estadounidense alterna, Genevieve Libonati, señaló que Estados Unidos ya proveyó este año aportes voluntarios por 2.4 millones de dólares.
