El ministro peruano de Defensa, Jakke Valakivi, ratificó ayer la acusación penal por traición a la patria contra periodistas que denunciaron un caso de presunta corrupción en las fuerzas armadas, una decisión rechazada por gremios de prensa nacionales e internacionales.
“No es por venganza, estamos obligados por ley cuando la prensa divulga secretos nacionales”, dijo el ministro, tras haber afirmado antes que su gobierno respeta “la libertad de prensa y de expresión”, y abre “las puertas a cualquier denuncia, como este caso”.
Valakivi resaltó que “debe ser sancionado quien revela esos secretos”, en alusión a los periodistas del programa de televisión Panorama, que con base en documentos supuestamente clasificados, destaparon un escándalo de pagos a colaboradores fantasma del ejército en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el mayor valle cocalero del sur de Perú.
El ministro admitió, sin embargo, que la denuncia periodística sirvió para abrir una investigación y “revisar todos los gastos de inteligencia en esta zona en los últimos cinco años”.
La querella contra Panorama, programa dirigido por la periodista Rossana Cueva y emitido por la cadena de televisión Panamericana, provocó una reacción gremial contra el Gobierno peruano.
Desde su sede en Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la consideró en un comunicado como “un acto de intimidación, un exceso y una restricción a la libertad de prensa”.
En Perú, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que la denuncia no tiene fundamento, ya que un secreto militar no puede servir para encubrir un hecho de corrupción, dijo.
A su vez, la Asociación Nacional de Periodistas tildó de “grave atentado contra la libertad de prensa” la denuncia. Los periodistas se enfrentan a condenas de hasta 15 años de prisión.
reveló en abril pasado, fundado en documentos oficiales, la existencia de planillas de pago a informantes ficticios, no precisó el total de fondos involucrados. Los supuestos informantes negaron haber recibido fondos del ejército y rechazaron ser colaboradores de las fuerzas armadas.