El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los funcionarios de su gobierno podrían ser procesados en la Corte Penal Internacional (CPI) por los miles de asesinatos de su campaña contra las drogas hasta que la decisión de abandonar el tribunal se haga efectiva en el plazo de un año, dijeron grupos de derechos humanos ayer jueves.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el mes pasado la apertura de una investigación preliminar ante la denuncia de un abogado filipino sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales derivadas de la campaña antidroga de Duterte.