Al rendir por segundo día consecutivo declaración indagatoria ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén admitió su culpabilidad en la compra de bolsas de arroz con sobrecostos y aportó al menos una docena de nombres de personas vinculadas con este ilícito, informó su abogado, Víctor Orobio.
Dos de estas personas son el exsecretario del expresidente de la república Ricardo Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio, y la empresaria Praxedis Pinzón, detenida anoche en el Aeropuerto de Tocumen cuando intentaba salir del país, según fuentes judiciales.
Orobio dijo que su cliente también se comprometió con el Ministerio Público a devolver los recursos que usufructuó cuando estuvo al frente del PAN (2012-2014).
La fiscalía, a cargo de Tania Sterling, le ha decomisado hasta ahora al menos 18 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades en Panamá y el exterior.
A ello habría que agregar una serie de bienes adicionales que el imputado mencionó ayer en su declaración, lo que incluye nueve apartamentos.
Orobio manifestó que su cliente ha recibido amenazas contra su vida en La Gran Joya, donde purga detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción.
EXDIRECTOR DEL PAN CONFIESA ANTE FISCALÍA
El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén aceptó su culpabilidad en el caso de la compra de bolsas de arroz con sobreprecios que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción, y decidió colaborar con el Ministerio Público (MP) para regresar al Estado todos los bienes que adquirió de forma irregular cuando ocupaba el puesto en la entidad (2012-2014).
Al terminar las nueve horas de declaración indagatoria que rindió ayer Guardia Jaén ante la fiscalía, su abogado, Víctor Orobio, reveló que este detalló de cómo se dieron los hechos que se le imputan desde el momento en que llegó a la institución.
Guardia Jaén también declaró ante la fiscalía que va a contribuir para devolver todos los bienes que obtuvo de forma irregular en contrataciones realizadas a través del PAN en su mandato.
En ese sentido, Orobio precisó que su cliente autorizó a la fiscalía a hacer las diligencias pertinentes en los bancos y el Registro Público, para que inmediatamente y sin ningún trámite los bienes sean traspasados al Estado.
Reconoció que tenía otros nueve apartamentos a su nombre.
Antes, en noviembre de 2014, la fiscalía le había decomisado una lujosa casa en la urbanización Costa Serena de Costa del Este; otra propiedad en Country Club, en Condado del Rey; un apartamento en el edificio Rivage de avenida Balboa y un yate con el nombre de Boombastic.
En relación con cuentas en bancos locales y extranjeros, la fiscalía le ha cautelado al menos 18 millones de dólares.
Otras de las revelaciones que hizo Guardia Jaén fue que 12 personas más, entre exfuncionarios y empresarios, participaron con él en los delitos por los cuales es investigado.
En el expediente se señala que Guardia Jaén recibía órdenes de superiores, lo que apunta hacia el Ministerio de la Presidencia y hasta el propio expresidente de la República Ricardo Martinelli, las únicas figuras con mando superior al exdirector del PAN.
El exsecretario ejecutivo de Martinelli Adolfo Chichi de Obarrio fue mencionado en el expediente como la persona que emitía las órdenes para que se adjudicaran contratos a empresas.
Edna Ramos, abogada de Chichi de Obarrio, se presentó ayer en horas de la tarde a la fiscalía y exigió a los funcionarios del Ministerio Público que le entregaran la declaración indagatoria de Guardia Jaén en la que fue mencionado su defendido.
A su salida del edificio Avesa (sede de la fiscalía), Ramos dijo que De Obarrio es mencionado en 4 de los 11 expedientes que tienen que ver con contrataciones irregulares del PAN.
Anoche, las autoridades judiciales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a la empresaria Praxedis Pinzón, otra de las involucradas en la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción.
El exjefe del PAN debe asistir el próximo lunes a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, para que rinda declaración indagatoria en la investigación relacionada con un contrato para comprar llantas para vehículos del Estado.

