El Gobierno, la Fiscalía y la máxima autoridad judicial de Guatemala propusieron una amplia reforma de la Constitución centrada en la justicia, que facilitará las investigaciones contra altos funcionarios después del caso de corrupción que derribó en 2015 al gobierno del presidente Otto Pérez Molina.
La iniciativa pretende reformar el antejuicio del que gozan altos funcionarios públicos como diputados, ministros, jueces, el presidente o el fiscal general. En la actualidad, la ley no permite investigar a funcionarios que gozan de ese privilegio a menos que les sea retirada la inmunidad, un proceso que puede llevar meses. La propuesta permitiría las pesquisas de la Fiscalía contra funcionarios sin necesidad de retirarles la inmunidad.
La reforma constitucional también cambiaría el sistema para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema o al fiscal general, un proceso que hoy día está influido por el Legislativo.
El presidente, Jimmy Morales, describió la propuesta como “histórica” al presentarla al Congreso de la República el pasado miércoles.
Otras de las propuestas admiten tradiciones indígenas como un recurso legal válido. Al reconocer la jurisdicción indígena, la reforma permitiría resolver conflictos conforme a un sistema ancestral, “siempre que no contravengan derechos constitucionales ni derechos internacionalmente establecidos”, explicó la fiscal Thelma Aldana en la presentación del proyecto.
La iniciativa es el fruto de las mesas de diálogo intersectorial celebradas previamente. Si es aprobada en el Congreso, la reforma constitucional necesitará el visto bueno de la población a través de una consulta popular. Estaba previsto que anoche el Congreso empezara a debatir el proyecto de reforma.